La cementera multinacional mexicana adquirió una finca-cantera para extraer materia prima en la elaboración del cemento, en el corregimiento de Ballestas en Turbana-Bolívar; quien la vendió falsifico la firma de sus 6 hermanos, así como la huella dactilar, para venderla a la firma ALARY S.A y esta a su vez a COSTA ARENAS S.A, lo extraño es que comprador y vendedor era la misma persona. Se la vendió dos veces así mismo en dos sociedades distintas que representa Andrés Restrepo.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 30 de 2021. La compra y venta de la finca “La Sierra” de propiedad de los hermanos Marrugo Hernández, se convirtió en  un caso en que la justicia demostró que existen falsedades y más sin embargo jueces y fiscales  han permitido su dilación; lo que conllevaría a que la acción penal prescriba y  sobre esto, las altas cortes se han pronunciado en el sentido que jueces y fiscales no deben permitir prácticas dilatorias en procesos donde está comprobado el delito de fraude procesal, como es el caso que nos atañe en el pleito con radicación: 143-17 del JUZGADO 6 DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; en el cual aparece firmando el difunto LUIS MIGUEL MARRUGO HERNANDEZ 11 AÑOS DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO EN LAS ESCRITURAS  3042-2009 Y 3966 -209 DE LA NOTARIA PRIMERA DE CARTAGENA, causando un daño irremediable a los hermanos MARRUGO HERNANDEZ sus verdaderos dueños.

La historia se remonta al año 2009, mucho después de la muerte de Luís Miguel Marrugo, a quien su hermano, LUIS ALBERTO MARRUGO HERNANDEZ, le falsifico la firma, al igual que a sus otros hermanos en un bien inmueble llamado la SIERRA de propiedad de él y sus 6 hermanos: Martín, Luís Miguel (Q.E.D.P), José del Carmen (Q.E.D.P.), Fernando, Gloria y Amelia Marrugo Hernández.

Hábilmente Luis Alberto Marrugo Hernández, en asocio  con su hija Mary Luz Marrugo Marrugo, orquestaron todo para apoderarse de la finca “La Sierra” y  así poder venderla a espaldas de sus hermanos: Primero sacaron todas las cédulas falsas de sus seis hermanos y en la Notaría Primera de Cartagena con esas cédulas falsas procedieron hacer la escritura  de una presunta compraventa, donde se decía que él le había comprado al resto de sus hermanos, hicieron la escritura falsa, identificada como la 3042 del 2009.

Esta primera estrategia casi perfecta, le falló a Luis Alberto Marrugo Hernández, pues se le olvidó colocar en esa escritura falsa, el nombre de su hermana Gloria Marrugo Hernández y regresó nuevamente a la Notaría Primera de Cartagena para su corrección y colocar en una nueva escritura; la 3966 del mismo año, la firma falsa de su hermana Gloria y nuevamente levantan de su tumba al difunto LUIS MIGUEL MARRUGO HERNÁNDEZ, para estampar su firma.

¿Dónde entra CEMEX a formar parte de este ilícito?

 Luis Alberto Marrugo Hernández y su hija Mary Luz, vendieron a $33 millones el valor de una hectárea y en los documentos de la negociación se estableció que vendían 50 hectárea por un valor total de $1.650 millones. Pero en la práctica, para evadir impuestos vendieron la totalidad del predio que son 110 hectáreas. CON VALOR DE LAS 50 HECTÁREAS, evadieron el pago de impuesto de 60 hectáreas.

El predio lo compró Andrés Restrepo Isaza, representante legal de la firma Alaris S.A. y este a su vez, se la vende a la firma COSTA ARENA S.A, cuyo representante legal es el mismo Andrés Restrepo Isaza y esta segunda firma vende el predio a CEMEX Colombia S.A., donde hay un hilo conductor; ya que para sorpresa, esta firma CEMEX DE COLOMBIA S.A, en su cámara de comercio establece que para asuntos jurídicos su dirección es la misma de COSTA ARENAS S.A. , que  forma parte del departamento jurídico. Toda una estrategia para apodarse del predio.

El abogado de los hermanos Marrugo Hernández, JORGE OLIVER JIMÉNEZ, pone en conocimiento a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y pide un acompañamiento ante las anomalías y dilaciones dadas dentro del proceso, ante el poder económico de la cementera CEMEX DE COLOMBIA S.A, el caso se ha dilatado para que corra el tiempo. “Este proceso lo tuvo la Fiscalía 38 seccional de Turbaco y en seis ocasiones, no se realizaron las audiencias por la no asistencia del Fiscal 38 seccional Turbaco. Se puso queja en la Dirección Seccional de Fiscalía en Cartagena y no tomaron las medidas necesarias para evitar se negará el acceso a la justicia de las victimas quienes siempre ven como la justicia permite se dilate el proceso a pesar de las pruebas.

Luego  pasó a la Fiscalía 55 seccional de Cartagena, y por reparto le correspondió al JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO, donde no ha cesado la dilación de cinco audiencias programadas por este despacho solo se ha podido realizar una. Primero el juzgado la aplazo en 2 ocasiones, luego el fiscal no realizó una prueba solicitada por la defensa de los demandados y posterior a esta, el señor fiscal después de tres meses pidió aplazamiento en audiencia programada para el 15 de febrero y luego en la última audiencia el abogado de la defensa  presento incapacidad de acuerdo a lo informado por el juzgado, sin embargo el juzgado a la fecha no ha programado una nueva audiencia.

 “El señor fiscal debe pedir la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente ante la certeza de su carácter apócrifo de registros. Es preocupante lo que está pasando   y la Juez Sexto Penal del Circuito de Cartagena, no fijó fecha para la próxima audiencia”, destaca Oliver, quien afirma que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la propiedad privada  y solo se hará cuando esta se obtiene por justo título; de acuerdo a nuestras leyes civiles, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derecho, el juez debe ordenar con todas las pruebas el restablecimiento del derecho de acuerdo el art.22 de nuestro código de procedimiento penal a  las víctimas,  para no seguir causando un daño irremediable destacó Oliver. Y se apoya en la sentencia 060-08 de la CORTE CONSTITUCIONAL, que el restablecimiento del derecho es una medida intemporal.

Ante ello, se ha solicitado la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación y de la dirección seccional de fiscalías para que le hagan una vigilancia estricta al proceso. Jorge Oliver Jiménez destacó que la Policía Judicial certificó que las firmas con la que se hicieron los poderes y escrituras son falsas, por lo que exige el restablecimiento de derecho, devuelvan el lote a sus propietarios y se castigue a los responsables por los delitos de Fraude Procesal, Falsedad en Documentos Públicos y Delitos Conexos a los mismos.