1.933 casos de homicidio entre enero del 2015 y diciembre de 2020. 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos, registrados entre 2017 y 2020. 1.650 personas desplazadas de origen venezolano. 836 personas venezolanas dadas por desaparecidas entre enero de 2015 y agosto de 2020. 2.319 personas víctimas de violencia sexual de nacionalidad venezolana entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3% de las víctimas de género femenino y el 71% de estas menores de edad.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co.23-06-2021. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES– organización no gubernamental de carácter internacional dio a conocer a través de los informes “Graves violaciones de derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (2019-2020)”, que la población migrante de Venezuela a Colombia es víctima de: Homicidios, amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, xenofobia, desaparición forzada, delitos sexuales y trata de personas.

Análisis se desprende de las cifras oficiales de la Policía Nacional, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y los datos del Sistema de Información de CODHES, SISDHES. El análisis revela la situación de riesgo y vulneraciones que sufre la población refugiada y migrante venezolana en Colombia, se expresa de manera fundamental en amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, desaparición forzada y violencias basadas en género.

El informe evidencia que el comportamiento del homicidio hacía la población venezolana en Colombia ha ido en aumento de manera sostenida, entre enero del 2015 y diciembre de 2020 se han registrado 1.933 casos de homicidio; siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años los mayormente victimizados.

Los departamentos que presentan los números más altos de homicidio para el año 2020 son Norte de Santander con 114 víctimas, Bogotá con 92, Valle del Cauca con 52, Atlántico con 50 y Antioquia con 44 personas víctimas de homicidio.

En regiones como el Caribe, estructuras criminales amenazan y difunden mensajes de odio contra la población refugiada y migrante venezolana. En Gaira, Santa Marta, han aparecido mensajes que amenazan a mototaxistas venezolanos, firmados por supuestos miembros del Clan del Golfo. En Atlántico, la Defensoría del Pueblo alertó de amenazas a la población venezolana por parte de estructuras criminales en el Suroccidente de Barranquilla, con razones xenófobas y aporofobia.

Existe registro de un total de 1.650 personas desplazadas de origen venezolano siendo Norte de Santander el departamento que presenta el número más alto de víctimas con 1.097, seguido de Cauca con 440 y Valle del Cauca con 50.

En el informe “Graves violaciones de los derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla)” publicado en el 2021 por CODHES, ha mostrado que estructuras armadas ilegales han generado desplazamiento forzado intraurbano bajo amenaza a la población de origen venezolano cuando han incumplido con los pagos de arriendo en hospedajes, paga diarios o inquilinatos de algunas capitales del país.

Los riesgos de reclutamiento de menores de edad provenientes de Venezuela por parte de estructuras delincuenciales para su vinculación a actividades asociadas al microtráfico, tráfico de armas y drogas, campaneros y mendicidad ajena, ha incentivado que familias se desplacen de los territorios para proteger a los niñas, niñas y adolescentes.

“Los menores refugiados y migrantes de la República Bolivariana de Venezuela que se encontraban en los departamentos fronterizos de Arauca y Norte de Santander estuvieron expuestos a las actividades de los grupos armados, incluido el reclutamiento y la utilización, y el equipo de tareas en el país recibió denuncias de que niños y niñas venezolanos habían sido secuestrados, reclutados y utilizados por grupos armados”.

Entre 2017 y 2020, se ha registrado 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados migrantes venezolanos. “Esta cifra no permite ver la magnitud real del fenómeno, pero sí la gravedad de la situación de riesgo de la niñez migrante en Colombia y la falta de observancia del Estado colombiano al respecto”, señala el informe.

La tendencia de la desaparición forzada de venezolanos en Colombia ha ido en aumento. Para el periodo entre enero de 2015 y agosto de 2020, se tiene registro de 836 personas dadas por desaparecidas, siendo Bogotá la ciudad donde se registra el mayor número de casos con 311 registrados, seguido por Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira.

La violencia hacia la mujer venezolana en Colombia se manifiesta de múltiples maneras y se exacerba por vulnerabilidades asociadas a la posible irregularidad migratoria y expresiones machistas, misóginas, xenófobas y discriminatorias que vulneran a las mujeres de diversas formas, entre ellas muchas formas de violencia sexual, violencia intrafamiliar, amenazas, desplazamiento forzado por violencia basada en género, retención de documentos por parte de la pareja o ex pareja, abuso sexual, explotación sexual en diferentes contextos y trata de personas.

Entre enero de 2019 y agosto de 2020, los territorios en donde más casos se han registrado son: Norte de Santander (181), Bogotá (147), Santander (127), Valle del Cauca (110). La situación también es grave en Atlántico, La Guajira, Arauca y Bolívar.

En particular, los agresores que ejercen la violencia sexual en sus múltiples expresiones, han victimizado a 2.319 personas de nacionalidad venezolana entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3% de las víctimas de género femenino. Es alarmante que de las mujeres que se vieron violentadas por la violencia sexual en este periodo de tiempo, el 71% eran menores de 18 años, lo que deja en evidencia la magnitud y gravedad de los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en Colombia.

Al mismo tiempo, alarma que, dentro de los menores de edad afectados, el grupo más vulnerado son los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad que suman 418 casos solo entre enero de 2019 y agosto de 2020.

Las recomendaciones que hace CODHES ante esta situación son: Campañas de prevención y autoprotección; desarrollar mecanismos comunitarios de integración e información a población refugiada y migrante; fortalecer los procesos de identificación de población refugiada y migrante víctima del conflicto armado; garantizar el reconocimiento de las víctimas independientemente de su estatus migratorio y habilitar los mecanismos para garantizar el derecho a las medidas establecidas en la Ley 1448 frente a sus derechos como víctimas, entre otras.