Presidencia de la República a través Luís Fernando Calderón Mora, Coordinador Grupo de Atención Ciudadana dio traslado, al secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández Ramos para que atienda las quejas contra los inspectores de Policías de los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa y secretarios de esos despachos por favorecer presuntamente a través de fallos policivos a empresas constructoras y despojar a sus legítimos dueños.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 25-01-2024. Presuntamente se trata de “Clan de concierto para delinquir”, en donde el demandante, abogado Orlando Escorcia Jiménez, involucra a la inspectora de Policía de La Boquilla, Geidys María Velásquez Puerta, al inspector de Punta Canoa, Miguel Lugo Vélez, al Delegado de la Personería para Asuntos Penales, Julio Alexander Flórez y al secretario Ad Hoc de la inspección de Policía Edinson Hoyos Pedroza, quienes presuntamente se confabularon para revivir un proceso que ocho meses antes había sido cerrado por la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito y como la inspectora de Policía de La Boquilla, no podía reabrirlo, lo trasladó a Punta Canoa para favorecer presuntamente al Consorcio PRO IN SAS, que adelanta proyectos inmobiliarios en el sector Cielo Mar de La Boquilla.

El Punto crítico, es que la Inspectora de Policía del corregimiento de La Boquilla, Geidys María Velásquez Puerta, de manera irregular ha querido despojar de su predio identificado No. Predial Nacional 130010200000000050009000000000, ubicado en el sector de Cielo Mar en La Boquilla, al señor Alejo Alfredo Aponte Arias.

La Inspectora viene desconociendo un fallo, emitido por su jefe natural, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, donde se dejó sin efectos y sin bases jurídicas, una resolución que la inspectora emitió y donde también se le ordenó suspender toda clase de desalojo a los propietarios de ese bien inmueble.

“Lo graves es que la Inspectora, aún teniendo una orden emitida por el superior, secretaria del Interior, después de 8 meses de esa orden envía el expediente a la Inspección de Punta Canoa, para que continúen con una supuesta audiencia de un proceso terminado”, denuncia Escorcia Jiménez.

“Este caso es un abierto acto de corrupción que comete la señora inspectora de Policía de La Boquilla y lo peor que el inspector de Punta Canoa, Miguel Lugo Vélez, se prestó para el juego y citó a una diligencia para continuar con una audiencia; muy a pesar que se le manifestó que ese proceso se encuentra terminado y se le solicitó nulidad del mismos. Sin embargo de manera fraudulenta y dolosa realizó una audiencia que no debió hacerla y lo peor aún, existe un supuesto Clan de concierto para delinquir, compuesto entre muchos funcionarios, como son: Inspectores, secretarios, personeros, que, de manera fraudulenta, violando las leyes pretenden seguir con el juego que querer despojar a los propietarios de las tierras en la zona norte”, denunció Escorcia Jiménez.

Ante esta situación se elevó la queja ente la Presidencia de la República; toda vez que la alcaldía de Cartagena, a través de la secretaría del Interior, de la Oficina Asesora de Control Disciplinario, con denuncias en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería, no se ha conseguido frenar el actuar de los inspectores.

“En vista que aquí los funcionarios encargados de corregir los hechos ilegales, no brindan las garantías necesarias para así proteger los derechos, en este caso de las víctimas toca recurrir a otras instancias, como la Presidencia de la República para logar ponerle freno a estos abusos que cometen estos funcionarios”, destacó el abogado Orlando Escorcia Jiménez.

Así mismo, se denuncia que, pese a todos los hechos, se tiene una audiencia programada para 29 de enero de este año. Se ha solicitado a la Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo acompañamiento; como también se ha solicitado que se suspenda esa diligencia.

En este caso está involucrado el personero delegado para asuntos penales, Alexander Flórez Fortich, quien participó en una diligencia en representación del Ministerio Público, cuando no es el competente para estos casos que le corresponden al Personero delegado para asuntos Policivos. “Según certificación emitida por la misma Personería, este señor era delegado para asuntos penales y no tenía las competencias para estar acompañando una diligencia de asunto policivo”, expresó Escorcia Jiménez, quien destacó que existen denuncias penales y disciplinarias contra los involucrados y que se hace todo lo que en derecho corresponda.

Este abogado, a través de un derecho de petición recibió respuestas de la jefe de la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la alcaldía, María Victoria Olier Martínez, donde por casos similares al hoy expuesto, la Inspectora de Policía de La Boquilla afronta en su contra 8 procesos de investigación y de ellos 5 tienen apertura de investigación disciplinarios.

Este medio consultó al secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, sobre este caso y manifestó que estudia estas denuncias que la presidencia de la Republica le pidió atender y que prontamente se estará pronunciando.