Las audiencias de restablecimiento del derecho realizadas los días 15 y 18 de febrero para definir el litigio de tierras  existente entre la familia Hernández y la Fundación  Santo Domingo, permitió que los abogados de los Hernández demostraran que el Macroproyecto de Viviendas de Interés Social Ciudadela del Bicentenario y la futura construcción del colegio de Shakira se tramitaron en forma ilegal, engañando al Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Cartagena y a toda la ciudad.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 19-02-2021. Revocatoria Directa de los actos administrativos, por medio del cual se creó el Megaproyecto Ciudadela del Bicentenario, es la gran conclusión que sacan los abogados de la familia Hernández, después de las dos audiencias de restablecimiento del derecho por la disputa de un globo de terreno de 170 hectáreas donde la Fundación Julio Mario Santodomingo bajo falsedades y delitos en el trámite del lote donado al Distrito para el colegio de Shakira, y violando el debido proceso se apoderó de ellos, sacando a la familia Hernández a punta de tiros.

Para el abogado Ángel Carrillo, no se hizo la publicación para declarar de Interés Públicos a los lotes de terrenos que iban hacer utilizados en el Megaproyecto. La Resolución con la que se inició el proceso para la  declaración de uso público, no fue registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, situación que es un requisito primordial, para el inicio del proceso y después seguía las otras actuaciones.

El no registro en Instrumentos Públicos, le quitó el derecho para todas aquellas personas que tienen propiedad e interés sobre esas tierras para hacer sus reclamos. “Toda actuación que deba registrarse y no se hace, no puede ser oponible ni utilizada como prueba. Y la no publicación en el periódico El Universal, de la identificación de los lotes a declarar de interés público, conlleva a la violación del derecho de defensa y contradicción de todos los terceros que se sientan con derechos a intervenir dentro de ese proceso; lo que quiere decir, que una vez emitida la resolución y hayan transcurrido 10 días y ninguno hace parte del proceso de iniciación, pues la Resolución queda ejecutoriada y a la vez, registrada en la Oficina de Registro Público”, destacó el abogado Carrillo, quien a la vez explicó, que esos dos requisitos no se cumplieron, engañando al Ministerio de Vivienda, al Distrito de Cartagena y a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. “Se registra un acto a favor del Distrito, siendo que ese acto administrativo no fue aceptado ni firmado por el Distrito”, enfatizó.

Existe una prueba que consiste en una supuesta publicación en el año 2010 en el periódico El Universal y la publicación corrobora las inconsistencias y falsedades que se dieron: El Inspector de Policía, que ordeno la entrega del lote de terreno a la Fundación Santodomingo, violó todos los procedimientos y actuó a través de vías de hecho.

Se denuncia que el Inspector de Policía de Arrollo Grande, José Miguel Arrieta Ávila, no tuvo en cuenta los pasos procesales que debía cumplir y le dio el carácter de poseedor y propietario a la Fundación Julio Mario Santodomingo, supuestamente porque el Secretario de Educación de la época, presentó unos títulos que en su Resolución no dice cuales son. Pero que haciendo la diligencia de identificarlos, se encontró que el funcionario le pide al inspector desarrollar el desalojo, por ser el lote de utilidad pública, violando el debido proceso. Con esto prevarica el inspector y por ello, la Fundación Julio Mario Santodomingo procedió a sacar a punta de plomo a la familia Hernández del lote que venía poseyendo con el ánimo de señor y dueño; porque ellos pensaban que el lote había sido declarado de utilidad pública.

En relación al lote de Shakira, donde se pide la construcción de un colegio, se encuentra peor; peor porque los títulos donde dice el Inspector que el predio es del distrito, es una escritura pública que fue firmada por personas inexistentes y que los tenientes de la tierra y los adquirientes, en ninguna parte firman.

Ese predio aparece a nombre de FiduBogotá, patrimonio autónomo Fundación Santodomingo, cuyo NIT que aporta en la escritura, no existe ni en la Cámara de Comercio, ni en la Superintendencia Financiera; quiere decir, que la persona que firmó la escritura como dueño no existe y el que la firma como adquiriente que es la fundación Julio Mario Santodomingo, fundación ésta que en cabeza de ellos no existe el predio. Los dueños y adquirientes en ninguna parte firman como tal.

Por ante tantas inconsistencias la familia Hernández, a través de sus apoderados están solicitando la revocatoria directa de la resolución por medio del cual se acogió el Megaproyecto Ciudadela del Bicentenario porque fue expedida a través de maniobras engañosas y un fraude procesal de grandes magnitudes.

Al acoger la tesis de revocatoria directa, el proyecto Ciudad del Bicentenario quedaría en el Limbo Jurídico, porque el soporte que son las Resoluciones por medio del cual se creó, necesariamente tienen que ser revocadas por el Ministerio de Vivienda y de allí, se desprenden una serie de implicaciones sociales en donde las familias que hoy ocupan las viviendas construidas en esos predios quedan con falsa tradición; lo que quiere decir, que no pueden vender, no hipotecar y quedarán bloqueadas las nuevas construcciones en esa zona hasta que se resuelva este conflicto de tierra.