Fue en la Casa del Consejo Comunitario de Pasacaballos donde el alcalde con todo su gabinete escuchó a la comunidad rural. Allí los nativos de Playa Blanca-Barú, tuvieron un espacio para dar a conocer el principal problema que los afecta; la tenencia de sus tierras y los despojos que han sido víctima cerca de 15 mil herederos de la Hacienda Santana y la presunta complicidad de funcionarios de la secretaria del Interior e Inspectores de Policías del Distrito, para favorecer presuntamente a familias y empresas adineradas como el grupo Santo Domingo y Gabriel Echeverría Obregón.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 22-09-2024. Con la promesa de estar en Barú el sábado 03 de octubre de 2024, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se comprometió con los herederos de la Hacienda Santana, a realizar una reunión para tocar el tema del conflicto de tierra que se vive en esta zona insular de Cartagena, donde los más de 15 mil herederos de los 94 colonos, que compraron las 3.500 hectáreas de la Hacienda Santana, han sido despojados de sus tierras; muy a pesar que demuestran su propiedad a través de la escritura pública 129 del 12 de mayo de 1887, de la notaría Primera de Cartagena.

Posterior a este encuentro, se propiciará una mesa de trabajo, con fecha por establecer, en donde participen el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y Enterritorio, entidad que remplazo a FONADE; entre otras entidades del Gobierno Nacional, la presencia de la Asociación de Herederos de Barú, sus abogados y representantes del Grupo Santodomingo y de Gabriel Echeverría Obregón, entre otros actores de este conflicto histórico.

Desde hace décadas las 3.500 hectáreas de la Hacienda Santana se encuentran en litigio, con procesos ante la Agencia Nacional de Tierras, que ya ha realizado dos audiencias y se espera una tercera, para resolver la petición de los nativos, que es, la declaratoria de ese territorio como título colectivo. Además, se adelanta otro proceso en la Fiscalía, para el restablecimiento del derecho que tienen los nativos en esta zona insular de Cartagena pues ellos son herederos.

La lucha jurídica de los nativos se da contra el señor Pablo Obregón González quien es tío de Gabriel Echeverría Obregón y padre de Pablo Obregón Santodomingo y Alejandro Santo Domingo Dávila, quien representa a la empresa Valores, quienes tienen un macro proyecto turístico de más de 700 hectáreas, incluyendo las tierras de los nativos. Por ello, la propuesta es que adelante ese proyecto en sociedad con los verdaderos propietarios de la Tierra.

Inspectores de Policías y funcionarios de secretaria del Interior

Ante el alcalde y su gabinete nativos de Barú y uno de sus abogados, Héctor Pérez Fernández, mostraron su preocupación por las decisiones en primera instancia de los Inspectores de Policías y en segunda instancia que hacen funcionarios de la secretaria del Interior, que son los que manejan los procesos policivos y siempre benefician a los contrarios de los nativos.

“La comunidad viene en un conflicto permanente con los inspectores de Policía. La solución, señor alcalde, es que se cree una Comisión Especial en la Alcaldía Mayor de Cartagena, para sacar adelante los procesos policivos en segunda instancia y se frenen los atropellos y que no se siga violando la Ley”, destacó el abogado Héctor Pérez Fernández.

Historia de la Hacienda Santana

La hacienda Santana fue adquirida junto con todas sus anexidades por 94 comuneros, mediante la escritura pública 129 del 12 de mayo del año 1887 de la notaría primera de Cartagena y legalmente registrada mediante diligencia de registro número 161 a folio 2 y 3 del libro 1, Tomo 1 de 1887 del antiguo sistema.

En el sistema actual a partir del año 1993 con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-123581 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, folio cerrado.

Esta hacienda fue sometida por el propietario colindante a un juicio de deslinde y alojamiento tramitado ante el Juzgado Primero del Circuito de Cartagena, cuya sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena. Sentencia que fue protocolizada mediante escritura pública número 355 de 29 de mayo de 1920. Escritura legalmente registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Cartagena, bajo el número 689 del 8 de junio de 1920.