El Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales, Inspecciones de Policía, Oficina de Instrumentos Públicos entre otras y despachos judiciales, se convierten  presuntamente en cómplices para el beneficio de terceros de tierras ancestrales.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 28-06-2022.  Son muchas las familias afrodescendiente herederas de tierras ancestrales que viven esta situación y un ejemplo de ello, es la familia Herrara Cotta, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, zona norte de Cartagena, con el predio “Vuelta de Culebra”, el cual se encuentra dentro de un proceso de extinción  de dominio, muy a pesar que los linderos de los predios que la SAE pretende recuperar no corresponden.

La historia del predio “Vuelta de Culebra” inició en el año 1940, cuando el señor Arturo Herrera Enriques tomó posesión de dichos predios y en el año 1986 desarrolló la demanda de prescripción, donde le reconocieron  los derechos de titularidad.

Las dificultades comienzan cuando el señor Víctor González Reina (Q.E.P.D) dice ser el dueño de dos predios: Altamira y otro cuya posesión la tenía Juan Antonio Grau Torres. Víctor González englobó estos predios incluyendo el predio “Vuelta de Culebra”, muy a pesar que los linderos no coinciden.

El señor González vendió los predios a la firma Grajales Hermanos, a través de un folio de matrícula en la oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, con el nombre de Lagos de Altamira. Pero los Hermanos Grajales se ven envueltos en delitos de narcotráfico y lavado de activos, son extraditados a los Estados Unidos y es donde entra la Sociedad de Activos Espaciales SAE.

Una vez, extraditados los Grajales, reaparece el señor Víctor González, quien ya  no era dueño de esos predios. Presentó un Amparo Policivo en la Inspección de Policía de Arroyo de Piedra, en cabeza de Luís Carlos López Pozo, quien de inmediato ordenó un desalojo violento de esas tierras. Pero el Tribunal Superior de Cartagena dejó sin efectos el lanzamiento, a través de un fallo de tutela que fue impugnado por el mismo Inspector de Policía. El proceso subió a la Corte Constitucional, que ordenó el reinicio del proceso y es cuando en un segundo fallo del Tribunal Superior de Cartagena, ordena el restablecimiento del derecho a la familia Herrera Cotta.

El inspector no cumple con la orden judicial y es denunciado por desacato ante la Personería y Procuraduría, que lo suspenden por tres meses y la Alcaldía de Cartagena a través de la Resolución 0355 de 2004, le solicita el inspector de Arroyo de Piedra, el restablecimiento del derecho. Pero este se declara impedido argumentando enemistad grave con mucha antelación al proceso. La alcaldía nombró, al Inspector de Policía ad hoc de Arroyo Grande, José Luis Arrieta, quien restablece los derechos a la familia Herrera Cotta.

La SAE el pasado 22 de marzo de 2022, desarrolló una diligencia de desalojo, con la presencia de Personería, ICBF, Alcaldía y la misma fue suspendida, por cuanto hay una denuncia penal en la Fiscalía por presunta falsedad en el folio de matrícula del predio Lagos de Altamira y una acción de tutela a la espera de resolver en la Sala Penal de Decisión de la Corte Suprema de Justicia contra la actuación de los funcionarios de la SAE y las mismas no se han resuelto.

Hoy la SAE desconociendo el debido proceso, el Acceso a la Administración de Justicia y el no cumplimiento de las visitas pactadas por parte de funcionarios de la Alcaldía y del ICBF a las personas vulnerables y en condición de discapacidad de la familia Herrera Cotta, pretende desalojar de esos predios a sus legítimos poseedores y escogió las fechas del 28 y 29 de junio de 2022; Por ello, se pide la intervención del Gobierno Nacional y de los entes de control para que se les protejan los derechos fundamentales.