Ante el fallo del Tribunal de Arbitramento que obliga al Distrito de Cartagena a reconocer al Consorcio Vial Isla de Barú, las obras del reforzamiento de la capa del piedraplen de Playetas y no a la firma KMC, el Concejo solicitó al Departamento Jurídico y al Departamento de Valorización Distrital sentar una posición en derecho cuanto antes y evitar un desangre financiero en contra de los cartageneros.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 11-04-2021. Una vez conocido el fallo del Tribunal de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio, sobre el conflicto contractual entre los consorcios Isla de Barú y KMC para la ejecución de la obra de reforzamiento de la cubierta del Piedraplen de Playetas en la vía a Barú, concejales tuvieron posiciones encontradas y coinciden en que el Distrito debe actuar rápidamente y sentar una posición en derecho para evitar un descalabro financiero.

Como es de conocimiento de la opinión pública el Tribunal de Arbitramento  declaró que las obras del Pedraplén protector de “Playetas”, comprendido entre las abscisas K17+900 al K19+300, se encuentran dentro del alcance físico del objeto del contrato de Concesión VAL-02-06 celebrado entre el Consorcio Vial isla de Barú y el Distrito de Cartagena de indias.

El Distrito queda obligado a pagar la suma de  $479.899.395 en costas y agentes de derecho. Pero a la vez, el señor, Efraín Amín Bajaire, representante legal del Consorcio Vial Isla de Barú dio a conocer en entrevista, al Noticiero El Vigía, que dirige Mauricio Portnoy, que el distrito tampoco pagó la cuota de $756 millones del arbitraje que asumió la concesión Vial Isla de Barú y ya inició el proceso jurídico para recuperar esos recursos y depende el tiempo que se demore, así correrán los interés. Además de la evaluación a precio actual de las obras que se deben hacer y los daños y perjuicios recibidos. Esto sin mencionar a la otra firma KMC, que se ganó una licitación pública y que también deberá hacer valer sus derechos.

Cesar Pión González, concejal de la bancada de la U, manifestó que el 9 d marzo de 2018, el ex alcalde Sergio Londoño, con su director de Valorización fijaron la postura que Playetas, que no hacia parte del contrato de la Concesión. Así mismo expresó que el fallo del Tribunal de Arbitramento; no dice que la administración se equivocó adjudicando, a través de licitación pública o qué hay que anular el contrato de diciembre de 2019. De tal suerte que el contrato sigue siendo legalmente celebrado. Adicionalmente hay un recurso de anulación del Laudo Arbitral en la página 8; por lo tanto no está en firme.

Indicó que desde la Comisión del Plan, que preside le pregunta a Valorización sobre la decisión del Tribunal, que sólo se refiere a declarar que el sector de Playetas hace parte del contrato de concesión Amín. Pero no dice que él tenía que hacer la segunda fase, que se hizo con licitación pública con pliego tipo y hubo 23 proponentes entre otros, el mismo Amín, con otra empresa KMC y de eso, vale la pena analizar.

Mostró una certificación del Departamento Administrativo de Valorización Distrital del año 2018, donde el director de la época  certifica que las obras de protección para la defensa costera del sector Playetas, no hace parte del objeto y alcance contractual del contrato de concesión numero VAL 02-06, tal como se deriva del parágrafo primero de la clausura segunda, modificatorio 02, suscrito el 23 de noviembre de 2019, el cual consagró la posibilidad de adicional al contrato dichas obras. En un clausurado que al ser potestativo, no genera compromisos por parte del distrito, ni derechos adquiridos a favor del Consorcio Vial isla de Barú. Señala textualmente el parágrafo en mención.

Por su parte, Carlos Barrios Gómez, concejal de la bancada de Cambio Radical, no se mostró de acuerdo con lo expresado por César Pión y manifestó que desde el año 2019, lo dijo que esto era una ‘Crónica de una Muerte Anunciada’. “A mi juicio el 18 de noviembre de 2019, manifesté que este tramo de Playetas, no se podía adjudicar y fue adjudicado en un tiempo exprés el 27 de diciembre de 2019. Considero que debemos entrar a defender a la administración. A mi juicio la ejecución del contrato de interventoría y de ejecución de las obras de Playetas por más de $19 mil millones de pesos, por regalías, podría poner en riesgo no solamente los recursos que tiene la administración distrital, en materia de las regalías, sino que podría exponer a la administración pública a un eventual daño antijurídico a través de otra convocatoria del Tribunal de Arbitramiento. Yo creería en mi interpretación que la administración debe entrara revisar; la oficina jurídica y valorización, deben entrar a analizar puntualmente cual va a ser la posición del Distrito. Si se va a continuar con el contrato de KMC, yo creería que se estarían violando los derechos de una actual concesión que en manifestación del Tribunal sigue vigente”, destaca Barrios, quien denunció que el ex secretario de infraestructura, Edgar Marín, expuso a la administración pública.

Carlos Barrios recomendó que se haga una suspensión automática hasta que se tome una decisión definitiva, independientemente si se va a utilizar, el recurso extraordinario de anulación del Laudo, se haga una suspensión automática de cualquier relación contractual derivada de la licitación pública del 2019 y que tiene una adjudicación a la firma KMC.

Fernando Niño, concejal conservador indicó que son $20 mil millones que están allí pendientes para ejecutar y  resolver un problema que sería la segunda fase de las obras de Playetas. “Lo que sí está claro es que existe un riesgo desde el punto de vista ambiental  que las obras ejecutadas en el primer tramo se deterioren y que las obras puedan costar mayores recursos si no se hacen prontamente; es decir, que es prioritario que se tome una decisión de fondo sobre este tema”, expresó Niño.

Indicó que este no es primer Tribunal de Arbitramento entre la Concesión y el Distrito, es el tercero, los fallos anteriores, fueron adversas al Distrito, que ha tenido que pagar millonarias sumas de dineros, no solamente por los fallos, sino también por los intereses que han generados estos fallos