La Procuraduría General de la Nación conminó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, a adoptar las medidas necesarias para culminar la construcción del colegio San Felipe Neri, para garantizar el retorno de cerca de 1.700 estudiantes matriculados en esa Institución Educativa.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 20-04-2021. En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Cartagena requirió al alcalde de Cartagena, William Dau informar el Plan de Acción elaborado para retomar y terminar las obras, de la Institución Educativa San Felipe Neri, en donde indique quiénes son los responsables de las actividades programadas, los presupuestos asignados y el estado de los procesos contractuales firmados para adelantar los trabajos.

La construcción se encuentra suspendida desde diciembre de 2019, y sus alumnos, junto con el personal docente y administrativo, se encuentran reubicados en otras instituciones educativas mientras termina la reconstrucción de la sede, la cual fue desalojada por orden de la Corte Constitucional ante los problemas estructurales evidenciados en sus instalaciones.

El colegio San Felipe Neri, ubicado en Olaya Herrera, se prometió hacer una inversión de $8.487 millones, para beneficio de 2.000 estudiantes. En marzo del 2017,se adjudicó la licitación correspondiente al consorcio “Colegio Neri 2017”.

La planta física del colegio San Felipe Neri, que fue derrumbada cumplió más de 40 años de construcción y su deterioro era evidente.

El actuar de la Procuraduría General de la Nación obedece a un fallo de la Corte emitido el 13 de diciembre de 2018 por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional que ordena amparar el derecho a la educación de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa San Felipe Neri.

Así mismo, ordena a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, que investiguen las actuaciones u omisiones en las que eventualmente incurrieron empleados de la Alcaldía Distrital de Cartagena, las Secretarías de Educación e Infraestructura de esa ciudad, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y el Departamento Administrativo de Salud (DADIS), con el fin de que determinen las causas y los responsables que han permitido que los derechos fundamentales de los menores de edad hayan sido vulnerados a lo largo del tiempo.