Alcides Arrieta meza, representante legal de la Veeduría Colombia Decente, afirmó que, si bien hay una decisión policiva en firme, el edificio Aquarela, no debe ser demolido aún, toda vez, que debe esperarse que la jurisdicción contenciosa, produzca el fallo definitivo, por cuanto, la decisión judicial, que ordena la demolición total, fue apelada y existe alguna diferencia entre un fallo y otro.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 04-03-2024. El abogado y veedor ciudadano Alcides Arrieta Meza, luego de un estudio detallado sobre toda la documentación que encierra al edificio Aquarela, que afecta la visual del Castillo San Felipe, como monumento histórico, conceptuó que realizar esa demolición en las actuales condiciones procesales, podría constituirse en un inmenso riesgo para las finanzas del Distrito.

“Estaríamos frente a una peligrosa violación al debido proceso, con consecuencias gravísimas para las finanzas públicas, para los dineros de todos; en caso, de ser demandada la actuación distrital por la Promotora Calle 47 S.A.S.  y/o, los compradores de los apartamentos. Alcalde deje la prisa, examine con rigor la medida, no exponga el patrimonio financiero de los habitantes de Cartagena”, Destacó Arrieta Meza.

El representante de la Veeduría Ciudadana Colombia Decente, argumenta, que en el procedimiento de toma de posesión del edificio hubo serios errores procesales cometidos en cabeza del mismo alcalde; pero que, además, vale la pena analizar, sin en efecto, la Inspección de Policía, ordenó la demolición total del edificio o solo 619 metros.

“Ahora bien, la decisión policiva de primera instancia, fue confirmada por la propia alcaldía distrital, esta, consideró en la parte resolutiva que la demolición, solo comprendería   619, metros, pese a indicar en los considerandos las normas urbanísticas de impacto cultural   y del Código de Convivencia; es decir, que la decisión tomada, no abarcaría la demolición total del edificio”.

Considera la veeduría Colombia Decente, que la demolición estaría supeditada al fallo judicial, que sí ordenó en forma clara y precisa la demolición total, decisión que está apelada y que sujetó la demolición a unas condiciones, que el alcalde debe cumplir, como, por ejemplo, que la Promotora Calle 47 S.A.S. debe costear parte de los gastos de la demolición   y la constitución de una comisión de seguimiento, entre otras.

En esas condiciones cree Arrieta Meza, que el alcalde Dumek Turbay, se precipitó al contratar la demolición, por cuanto, la decisión judicial, estaría por encima de la decisión policiva, porque, además no se evidencia que la Inspección de Policía, no dio una orden clara, concreta de la demolición total del edificio.

Estima la veeduría, que, para no arriesgar el patrimonio de los cartageneros, cree necesario, evaluar suspender la demolición, hasta tanto, se produzca el fallo de segunda instancia.