Kevin Keep Arrieta sostiene que la Comisión creó, sin ley que la autorice, un cobro que funciona como un impuesto y que golpea con más fuerza a los hogares del Caribe.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 28-09-2026. El abogado cartagenero Kevin Oliver Keep Arrieta radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra las resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026; normas que crearon el programa de metas de consumo de energía que desde septiembre aplica recargos de hasta el 70% sobre los kilovatios que superen el límite asignado a cada usuario. La demanda fue presentada a través de la Ventanilla Virtual SAMAI, y quedó registrada con el número de solicitud 27753 y recibida por la Secretaría de la Sección Primera del alto tribunal. Además de la nulidad, pide la suspensión provisional inmediata de los cobros mientras se decide el caso.

El argumento central es de fondo:

la CREG no tiene competencia para crear ese cobro. Según la demanda, la propia resolución reconoce en su artículo 20 que el recargo “no es una contraprestación por la prestación del servicio” ni forma parte de la tarifa. Además, el dinero no queda en las empresas: se maneja como “recursos de terceros” y se reparte entre otros usuarios.

Para el demandante, eso lo convierte en una carga de naturaleza tributaria, que según la Constitución solo puede imponer el Congreso.

“Regular no es legislar. Si la misma CREG admite que esto no es tarifa ni pago por el servicio; entonces es un tributo, y los tributos los crea el Congreso, no una comisión en Bogotá”, afirmó Keep Arrieta.

La demanda también cuestiona que el esquema trate igual a todo el país. La meta se calcula con el consumo del año anterior, sin tener en cuenta el calor.

En la Costa, el aire acondicionado y el ventilador no son un lujo, y El Niño, el fenómeno que la propia CREG invoca, eleva las temperaturas justo en los meses del programa. “Aquí consumir más no es derrochar, es sobrevivir al calor. La medida castiga el clima, no la ineficiencia”, señaló el abogado.

Igualdad material: tratar igual a los desiguales también es discriminar. Uno de los ejes de la demanda es la violación del derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución.

Según el escrito, ese derecho prohíbe tanto tratar distinto a quienes están en la misma situación como tratar idéntico a quienes están en situaciones distintas. Eso es lo que hace la CREG al aplicar la misma regla a un hogar de Bogotá y a uno de Cartagena, Barranquilla o Valledupar.

La contradicción es mayor porque la propia regulación sí reconoce el clima cuando le conviene: el consumo básico de subsistencia se fija según la altitud, precisamente porque en tierra caliente se necesita más energía. Pero la CREG usó ese criterio solo como piso, no para ajustar las metas. Tampoco hubo proporcionalidad, según la demanda, porque existían alternativas menos lesivas: metas por zona climática, bandas más amplias para las regiones cálidas, programas voluntarios o la inclusión de los grandes consumidores del mercado no regulado, que quedaron por fuera.

“La Comisión demostró que podía diferenciar: excluyó hospitales, colegios y municipios afectados por el sismo. Lo que no quiso fue reconocer que la Costa vive en otro clima. Esa omisión es discriminatoria”, sostuvo Keep Arrieta.

El escrito señala otras contradicciones del programa:

• Las entidades públicas quedan excluidas del cobro, mientras los hogares sí pagan.
• La meta no se ajusta si llega un bebé o un adulto mayor a la casa.
• La propia CREG admite que el “incentivo” prometido a quienes ahorran podría ser cero.
• Dos vecinos con el mismo consumo en el mismo mes pueden pagar valores distintos.

La acción se suma a la demanda presentada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a la tutela de la Personería de Santa Marta y a los reclamos de congresistas y gobernadores de la región.

“Lo urgente es la suspensión provisional. Si el Consejo de Estado no la decreta, cuando llegue la sentencia, la plata ya se habrá repartido y nadie la devolverá”, advirtió Keep Arrieta.