• Cerca de 40 mil personas afro descendientes de Barú, Tierra Bomba, Bocachica, Caño de Oro, La Boquilla, Villa Gloria, Mar Linda, Pontezuela, Bayunca, Magulla, El Pozón, entre otros sectores de la zona Insular, Norte, Sur Oriental y Sur Occidental de Cartagena sufren de la violencia estatal y social del despojo de sus tierras para darle paso a macro proyectos que los dejan en la calle.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co. Así como organizaciones afrocolombianas de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas; Urabá antioqueño y Chocano, el Norte del Cauca y Sur del Valle. Organizaciones negras, palenqueras y raizales de Cartagena agrupadas en sus Consejos Comunitarios de Negritudes acuden a las Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para entregarle informes que evidencian las graves violaciones de derechos humanos, que han sido víctimas por ser herederos de tierras, que sus antepasados nunca pensaron, que hoy fueran apetecidas por grandes monopolios, que los expropian por todas la vías.

En el país, son 178 comunidades afros que esperan sean estudiados y juzgados sus casos por la justicia transicional. Estas comunidades denuncian ser víctimas de los delitos de asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, estigmatización, despojo de tierras, trabajos forzados y violencia sexual.

Además, sus pruebas anexadas en los documentos que presentan buscan evidenciar el impacto diferenciado que ha sufrido su territorio, el medio ambiente, la cultura y los procesos organizativos de sus comunidades.

A ello se agrega que personas que no son de la comunidad, amparados por autoridades, crearon grupos de justicia privada e iniciaron acciones de violencia para el despojo, así como la construcción de barreras.

Ya existe jurisprudencia sobre la verdadera situación de los territorios nativos de Cartagena, La Corte Constitucional encontró que se vulneraron los derechos a la identidad étnica y cultural, a la subsistencia, al territorio, al debido proceso y de petición de los grupos étnicos negros, palenques o raizales presentes en la zona Insular; como en la zona norte en la llamada hacienda Arroyo Grande, que une gran parte de Cartagena-Bolívar con pueblos del Atlántico, sobre la denominada vía al mar.

La Corte Constitucional, le dio dos años a la Agencia Nacional de Tierras para que en coordinación con la Dirección de Asuntos Afrocolombianos del Ministerio del Interior terminaran el proceso de clarificación de la propiedad. De manera que se determine quiénes son verdaderos descendientes de los copropietarios de este terreno, quiénes integran los Consejos Comunitarios y qué porcentaje de la población en esta zona es afrodescendiente.

Actualmente se encuentran en revisión, ante la Corte Constitucional, dos acciones de tutela, presentadas contra el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, Fonade y Playa Blanca Barú.

En informe sobre este particular publicados en medios nacionales como la Revista Dinero se dice: “En ambas tutelas se busca que los invasores de Playa Blanca sean reconocidos como un Consejo Comunitario y se ordene a la empresa Playa Blanca Barú realizar consulta previa con esa comunidad. Así, los invasores pretenden legalizar su ocupación en la playa mediante el reconocimiento de la figura del Consejo Comunitario”. Este es el calificativo que le dan a los nativos de la isla de Barú para descalificar sus derechos, de tratarlos de invasores, delincuentes y de roba tierras.

El proceso está en manos de la magistrada María Victoria Calle y la restitución de la playa no se puede realizar hasta que la Corte Constitucional falle, de acuerdo con una medida cautelar proferida dentro de una acción de tutela para evitar la diligencia de restitución.

La Revista Semana de amplia circulación en el país, también se ocupó de este tema de la siguiente manera: “La Corte Constitucional reconoció los derechos de las comunidades afro sobre este paradisíaco lugar. (Esto es en Playa Blanca) Justo allí dos de las familias más importantes del país planean desarrollar un megaproyecto turístico. Esta semana la Corte Constitucional emitió una sentencia que va a alborotar un gran avispero. En esta ordena reconocer a los pobladores afrodescendientes de Barú los derechos que reclaman sobre parte de esas tierras. La decisión tendrá un gran impacto en uno de los proyectos de desarrollo turístico más importantes del país liderado por la sociedad Playa Blanca Barú, propiedad de dos de las más familias más prestigiosas de la clase empresarial colombiana: los Santo Domingo y los Echavarría”.

Muy a pesar de estos avances jurídicos en la alta corte, los mimos son dilatados por el juego de intereses de los grandes grupos empresariales, que se esconden en O.N.G., Fundaciones y Corporaciones ‘sociales’, que donan estas tierras para que Shakira, construya un Mega Colegio y hacen ofertas para la construcción de viviendas de interés social en predios que no son de ellos. Solo la influencia del dinero, el chantaje a actores de la justicia, inspectores de policía e incluso a la misma fuerza pública para hacer los operativos de despojo.

Un caso emblemático es el que ocurre en Cartagena  con la familia Hernández, donde la Fundación Mario Santo Domingo, la ha venido despojando de su propiedad  heredada hace aproximadamente 100 años. El señor Pedro Hernández  Adquirido mediante Sucesión de su padre, con Sentencia del 7 de Septiembre de 1940 del Juzgado Primero Civil del Circuito Cartagena, registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, el día 13 de septiembre de 1940, con radicación 0302, con folio de matrícula inmobiliaria 060-54391, ubicado frente a la carretera la cordialidad. La Fundación Mario Santo Domingo llegó con el argumentos de construir viviendas de interés social y con eso legalizaron el despojo con la complacencia del Inspector de policía de Arroyó Grande, quien fue designado por el Alcalde de la Localidad Dos de la Virgen y Turística, con orden inclinada a favor de la Fundación.

El Inspector fue denunciado penalmente en la Fiscalía por los delitos de prevaricato por acción u omisión, al facilitar el despojo de los hermanos Hernández, sin reconocer el verdadero valor de lo que es suyo por tradición. La investigación no ha terminado.

Por este conflicto de tierra que afecta a la familia Hernández, se llevan varios procesos en la Fiscalía por mencionar: en la Fiscalía 69 especializada de Bogotá, se encuentra la investigación penal por los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos públicos y privados, transferencia de bienes en contra de los Representantes Legales de la Fundación Mario Santo Domingo, por la denuncia del señor Manuel Hernández Vergara, y a la vez, la acusación un presunto asesinato selectivo por litigios de tierras en el corregimiento de Bayunca, Finca Magulla.

En la Fiscalía 40 seccional de Cartagena, se adelanta investigación penal contra el Inspector de Policía de Bayunca, José Arrieta Avila, por los mismos hechos. Y la misma Fiscalía expidió certificación a la Policía para la protección de la vida y seguridad de las víctimas  y el Brigadier General, comandante de la policía Metropolitana de Cartagena, Henry Sanabria Cely, ha hecho caso Omiso y no le ha garantizado tales medidas.

Por se espera que la JEP haga justicia y acabe con la   persecución sistemática en contra de las Comunidades Afro para el despojo de tierras.