La Fiscalía logró condenas contra cuatro personas que trasladaron dineros de un programa para evitar la mortalidad infantil a una campaña política en la Guajira. Ante la contundencia de los elementos de prueba, los sentenciados habían aceptado su participación en la desviación de los recursos públicos.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 03-04-2022. Bajo contracción de una nómina para justificar la realización de un contrato y cuyos beneficiarios de las OPS tenían que devolver más del 50% de sus pagos para financiar una campaña política a la gobernación de la Guajira, así se dilapidaron $18.900 millones que eran para la prevención de la mortalidad infantil en ese departamento en donde muchos niños mueren de desnutrición.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un acto de corrupción que se materializó en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania (La Guajira) y el Hospital San Rafael por 18.900 millones de pesos, cuyo objeto era desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes.

El centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud. Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.

El material de prueba evidenció que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: Tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania (La Guajira), ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.

Se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.

Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero.

Los sentenciados son: Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.

Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.

Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.

Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.

La señora Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión; mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión.