Buscan frenar pago del crédito de $250 mil millones por no haber cumplido el objetivo

El veedor ciudadano Jorge Quintana Sossa, acompañado de un grupo de abogados solicitarán a la  Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que se intervenga el pago del crédito que se la autorizó al entonces alcalde Dionisio Vélez para la construcción de Centros de Salud y Hospitales Locales y los mismos aún no se han construido.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 05-08-2021. Que la Contraloría General de la República responda por los resultados del Control  Excepcional, que nunca dio a conocer, luego que los Centros y Hospitales locales de salud nunca se terminaron y ocasionó que se venciera el plazo del cumplimiento de las pólizas de garantías; es la denuncia que hace el veedor ciudadano Jorge Quintana Sossa, quien busca la figura jurídica para que la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación frenen el pago de las cuotas del crédito que por $250 mil millones y que aún restan 9 años para que Cartagena salga de esa obligación bancaria, cuando el objetivo no se ha cumplido después de más de 6 años.

Así lo denunció el representante de la veeduría ciudadana La Quinta Ventana, Jorge Quintana Sossa, al referirse al crédito que el Concejo de Cartagena, autorizó al entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo para la construcción de puestos de salud y hospitales que aún no se han terminado quedando como elefantes blancos.

Declaró que ha existido un ‘mar de irregularidades’, empezando que esos contratos fueron otorgados a dedos, que se pagó una suma superior a los $3 mil millones, por una comisión de éxito a un particular, cuando la gestión ante la banca, cuando ese trabajo bien lo pudo hacer el equipo económico de la alcaldía.

“La pólizas de cumplimiento se suscribieron por poco plazo y la Contraloría General de la República se llevó el caso para Bogotá y más nunca se ha sabido del informe final del Control excepcional, lo que quiere decir que esa plata se perdió”, afirma Quintana Sossa, quien asegura que hacen falta 9 años para terminar de pagar ese crédito, cuyo pago debe ser suspendido, porque el objetivo no se ha cumplido.

¿Quién responde a Cartagena por ese dinero? Es el interrogante que queda en el aire y por ello, se solicita la intervención de la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación.