Rechazan delegación del ICBF

• El Sindicato de Trabajadores Oficiales y Públicos del Distrito de Cartagena, SINTRAOFIPUCAR, rechaza la determinación del Instituto Colombiano de Bienestar Social, ICBF, de delegar sus funciones en las Comisarías de Familias de Cartagena en tiempos de Coronavirus, cuando son de su competencia.

El Sindicato de Trabajadores Oficiales y Públicos del Distrito de Cartagena entró a respaldar el pronunciamiento de los Comisarios de Familia de Cartagena, en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; ya que, de manera irresponsable encamina sus directrices para proteger a los Defensores de Familia y echa a los Comisarios de Familia a un “sálvese quien pueda”, desconociendo que también son seres humanos, que tienen una familia, que tienen derecho a ser protegidos contra el COVID 19 y a trabajar en condiciones dignas.

El pronunciamiento firmado por Antonio Cabarcas Marchan y Amalia Jaspe Prens, presidente y vicepresidente respectivamente de la organización sindical, hace referencia a la Circular No. 007 del 31 de marzo de 2020 que emite el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la que expresa que: A partir de la fecha de expedición del presente alcance, las Defensorías de Familia prestaran su servicio mediante la figura de disponibilidad. La Dirección Regional deberá brindar al personal, tanto el transporte como el suministro de elementos de protección y bioseguridad (guantes desechables, tapabocas desechables, batas desechables no quirúrgicas), acorde con el plan de disponibilidades. Sin estos elementos el funcionario no podrá ejercer la prestación de los servicios indispensables de bienestar familiar, así mismo, en caso de imposibilidad de la atención a través de disponibilidad se debe coordinar con las autoridades policiales y Comisarías de Familia, para que asuman la protección en los casos urgentes de amenazas o vulneraciones de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Ellos recuerdan  que el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia y principal articulador con las entidades territoriales para la protección y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el ICBF y con su decisión están trasladando una competencia de los Defensores de Familia a los Comisarios de Familia, lo que sin lugar a dudas constituye un prevaricato de parte del representante legal del ICBF.

Así mismo, denuncian que este tipo de acoso, es discriminación laboral; ya que se les está dando un trato diferenciado por una situación social. “El segundo tipo de acoso que denunciamos es la inequidad laboral, pues se están asignando unas funciones a los Comisarios de Familia en un claro menosprecio por la vida y la salubridad de dichos funcionarios y la de sus familias. El tercer tipo de acoso que denunciamos, es la desprotección laboral, frente a las medidas adoptadas por el Presidente de la Republica, especialmente las señaladas en el decreto legislativo 491 de 2020. El ICBF, emite una circular donde de manera prevaricadora traslada unas funciones de su competencia para que sean atendidas por los Comisarios de Familia, omitiendo flagrantemente un acto propio de los Defensores de Familia, pues debe preservarse su integridad y las de sus familias”.

Ellos plantean interrogantes como: ¿los Comisarios y Comisarías de Familia y los funcionarios que integran sus equipos interdisciplinarios no pueden gozar de los mismos privilegios de los Defensores de Familia? Para nadie es un secreto las falencias que tienen las Comisarías de Familia en el país, basta leer el informe de la Procuraduría y la exposición de motivos del Proyecto de Ley que propone la reforma de las Comisarías de Familia para entender nuestra posición.

“Estamos totalmente desprotegidos. Hemos insistido ante la Administración Distrital que estamos prestos a servir a nuestra comunidad, desde el ejercicio de nuestras propias competencias, no de las derivadas de otras autoridades que no quieren asumir las suyas, así mismo, le hemos pedido que para poder desarrollar nuestra labor nos traten con las mismas garantías de salubridad que a los Defensores, nos provean el transporte, el suministro de elementos de protección y bioseguridad (guantes desechables, tapabocas desechables, batas desechables no quirúrgicas. No solo para los funcionarios, sino para los usuarios de los servicios, y eventualmente para los niños, niñas y adolescentes que sean puestos a nuestra disposición por la Policía u otras autoridades y organizaciones públicas o privadas. Pero además, consideramos que frente al recrudecimiento de los casos de contagio, debemos trabajar por disponibilidad. A la fecha no se ha resuelto el hogar de paso para niños, niñas y adolescentes, haciendo más riesgoso el trabajo para los Comisarios de Familia”.

En Condiciones normales, el Defensor de Familia remite a la Comisaría de Familia todo, por tratarse de violencia intrafamiliar, no dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1098 de 2006, respecto a las Defensorías y Comisarias de Familia permanente, asumiendo los Comisarios Permanentes las funciones de los Defensores de Familia.