La mesa directiva del Concejo de Cartagena se pronunció sobre el contrato de $5.000.000 que el secretario de Participación Ciudadana firmó a Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo, quien en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación se encuentra inhabilitado por 11 años para ejercer cargos públicos.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 14-06-2021. La denuncia pública presentada por la lideresa Jacqueline Perea Blanco, en donde hace referencia al contrato que en la Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Cartagena, le firmaron a Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo identificado con C.C. 73.192.744, estando este personaje suspendido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por 11 años, fue tema principal en la sesión de este lunes 14 de junio en el Concejo de Cartagena.

Wilson Toncel, presidente de la corporación, solicitó a la jefe de Talento Humano de la Alcaldía, María Eugenia García, certificar, si es cierto que se suscribió ese contrato, quien fue su interventor y los informes de actividades para el pago del mismo y pidió al Secretario General del Concejo remitir toda la información a los entes de control.

Igualmente el concejal Conservador, Fernando Niño Mendoza, solicitó que se  pida a las secretarias de Planeación y Hacienda certificación del origen de los recursos o el programa de donde salió el presupuesto  para ese contrato y si pertenece al programa de adulto mayor o recursos libre destinación.

Oscar Marín de la bancada conservadora explicó que ese contrato está publicado en el Secop II y que efectivamente la persona beneficiada se encuentra inhabilitada por la Procuraduría y que no existe  informe de actividades; sino que el secretario Armando Córdoba firmó manifestando que se cumplió con los objetivos y funciones para su pago. Así mismo dijo que no existe un fallo judicial que haya dictaminado la nulidad de la suspensión de la Procuraduría.

Un secretario de la administración Dau Chamatt, con tantas deficiencias y errores ha provocado toda una tormenta en la ciudad de Cartagena, atornillándose en ese cargo y motivando acción que se pueden convertir en peligrosas para intimidar a los concejales que le siguen un proceso de moción de censura, por no cumplir con sus funciones.