La decisión la emitió la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ratificó el Laudo Arbitral de abril de 2021, del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena, que le había sido favorable, al Consorcio Vial Isla de Barú. Esta historia nació en el gobierno del ex alcalde Pedrito Pereira quién dejó firmado el contrato con la firma KMC y materializado en el gobierno de Dau, con firmas de actas de inicio y pago de anticipo.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 04-12-2021. Las decisiones arbitrarias por encima de las órdenes judiciales y medidas cautelares conllevaron a que el Distrito de Cartagena quede condenado a pagar una suma cercana a los $11.300 millones, por otorgar contrato, firmar acta de inicio y pago de anticipo a la firma KMC S.A.S. en el tramo del Pedraplén de la vía Playetas-Barú, perjudicando al Consorcio Vial Isla de Barú, que fue contratado para hacer la vía a Barú y reclamó que ese tramo se encontraba dentro de su contrato.

Este conflicto jurídico surtió toda clase de reclamos, derechos de peticiones, acciones judiciales, hasta llegar a un Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Cartagena, que, en fallo final, le dio la razón al Consorcio Vial Isla de Barú.

La decisión fue apelada por el Distrito y en todo ese recorrido de despachos judiciales llegó a su punto final con la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró infundado el recurso extraordinario de apelación interpuesto por el Distrito de Cartagena, lo condena al pago de una millonaria suma de dinero en indemnización y pagos de perjuicios causados al Consorcio Vial Isla de Barú.

“El primer costo que tenemos que reclamar es el 50% que invirtió el Consorcio para la conformación del Laudo Arbitral, que eso da una suma de $781 millones a favor del Consorcio Vial Isla Barú. Adicionalmente hay una condena en costas que le pone el Tribunal al distrito de Cartagena por la suma de $480 millones, para un total de $1.270 millones. Ahora se viene una nueva condena en costa de parte del Consejo de Estado, que se estima en unos $1.300 millones y los daños y perjuicios que se generaron al Consorcio Vial Isla de Barú, están aproximadamente por el orden de unos $10 mil millones, lo que puede dar una suma total de $11.300 millones”, manifestó Efraín Amín Bajaire, representante del Consorcio Vial Isla de Barú, en entrevista radial por el informativo Noticiero “El Vigía”, que dirige el periodista Mauricio Portnoy Cantillo.

Amín Bajaire indicó que se llegó al capítulo final de Playetas, el Consejo de Estado ratifico el Laudo Arbitral y que no le toca nada diferente, que le reconozcan los perjuicios generados. “Siempre lo dije que fue una decisión innecesaria e irresponsable del ex alcalde Pedrito Pereira de abrir una licitación, adjudicar y firmar un contrato. Hoy nos toca reclamar nuestros perjuicios generados y adicionalmente habrá personas diferentes al ex alcalde Pedrito Pereira, que tendrán que responder con su propio pecunio, por las actuaciones hechas en este proceso”.

Efraín Amín Bajaire indicó que el ex alcalde Pereira Caballero tendría que responder por los posibles delitos de Prevaricato, Celebración Indebida de Contrato, lo que representa sanciones disciplinarias, fiscales y penales. “Ya es un hecho, es una realidad que el proyecto de Playetas hace parte del contrato y se equivocó. Hoy le toca responder con su propio patrimonio”.

El periodista Mauricio Portnoy Cantillo, aprovechó para preguntar que funcionarios de la administración de William Dau podrían resultar implicados con este último y definitivo fallo del Consejo de Estado, por lo que Efraín Amin respondió:

“Ese equipo del alcalde Dau, fue omisivo al desconocer las decisiones judiciales. Tuve la oportunidad de reunirme con la directora jurídica de la alcaldía, Myrna Martínez Mayorga. Allí todo el mundo trabajaba direccionado a favorecer a un tercero, que en este caso era KMC. Allí se cometieron muchos delitos también, el señor Javier Moreno, que en su época fue director de Valorización, Pedro Retjan, el subdirector técnico de Valorización, la ex directora Leidy Johana, la directora de la oficina jurídica, Myrna Martínez, se les aconsejo, que, ante una orden judicial, que tenía medida cautelar de suspensión y que lo más sensato era que se suspendiera el contrato hasta que se diera una decisión judicial definitiva. Pero se pasaron por lo alto nuestras recomendaciones autorizando el pago del anticipo, firmaron acta de inicio, violando toda la normatividad jurídica, autorizando pagos de acta. Han hecho una gran cantidad de barbaridades que les tocará responder. Se darán quejas ante los entes de control y ellos tendrán que defenderse de todas sus actuaciones, que fueron tendientes a favorecer a un tercero”.