Denuncian que la Comunidad Negra de Tierra Baja, con título colectivo vigente, imprescriptible, inalienable e inembargable, ha sido históricamente afectada por la operación del emisario submarino de Aguas de Cartagena, infraestructura que atraviesa e impacta de manera directa, permanente y grave su territorio ancestral, sin que a la fecha se hayan garantizado plenamente los derechos colectivos que les asisten como comunidad étnica. El Consejo Comunitario de Tierra Baja, por primera vez está integrado por un grupo de jóvenes que quieren el progreso de su territorio y liderado por Ana Rosa Güizamano Canoles, representante legal del Consejo Comunitario.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 06-01-2025. Con la radicación de derechos de peticiones a entidades como Aguas de Cartagena, Cardique, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y Alcaldía Mayor de Cartagena, los nuevos miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la vereda de Tierra Baja, mostraron su preocupación por el presente y futuro del emisario submarino, que atraviesa su territorio ancestral y que su licencia ambiental para su funcionamiento esta próxima a caducar.

Aseguran que viven en un eminente peligro y recuerdan la madrugada del viernes 20 de diciembre de 2024, con la ruptura de la tubería terrestre del emisario submarino que afectó severamente a esa comunidad con inundaciones de aguas servidas a sus calles y residencias, se registraron filtraciones en las tuberías de agua potable, extendiéndose el problema hasta después de enero de 2025.

Por ello, proponen la fecha del 16 de enero de 2026, a las 5:00 p.m. en el Salón Comunal de Tierra Baja, para desarrollar la Asamblea Comunitaria por vencimiento de licencia ambiental del emisario submarino. De allí la convocatoria a la empresa Aguas de Cartagena, Cardique, Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos y Alcaldía Mayor de Cartagena. Se exige la presencia como garantes de los delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa, instancias nacionales de representación étnica y la presencia de los concejos comunitarios de La Boquilla y Puerto Rey, que también resultaron impactados por la emergencia del emisario submarino.

Qué se pide para la realización de la Asamblea Comunitaria

A la empresa Aguas de Cartagena, se le pide que rinda un informe detallado y público sobre:

• La ruptura del emisario.
• Las causas, impactos y responsabilidades.
• Las medidas de reparación adoptadas y pendientes.
• La compensación real a las familias afectadas.
• A Cardique que explique el estado actual de la licencia ambiental, su vencimiento, condiciones y posibles renovaciones.
• A las entidades de control y Alcaldía, que informen las actuaciones adelantadas o las que adelantan.

Enfatizan en que el emisario submarino que maneja la empresa Aguas de Cartagena opera bajo una licencia ambiental, próxima en vencerse, la cual conlleva obligaciones claras y exigibles para su titular, entre ellas: la prevención de daños ambientales, la adopción de planes de contingencia, la mitigación y reparación de impactos, la compensación efectiva a las comunidades afectadas y la rendición de cuentas transparente frente a cualquier contingencia o afectación generada por su operación. “Estas garantías no son opcionales, sino mandatos legales y constitucionales derivados del derecho a un ambiente sano, del principio de responsabilidad ambiental y del respeto por los territorios colectivos de las comunidades negras”, destacó Ana Rosa Güizamano Canoles, representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja, quien agregó: “La ruptura del emisario submarino en nuestro territorio ocasionó graves afectaciones ambientales, sociales, económicas y de salubridad pública. Esta situación impactó de forma directa a numerosas familias, quienes vieron vulnerados sus derechos fundamentales y colectivos, perdiendo condiciones dignas de vida, afectando sus viviendas, sus actividades económicas, sus negocios, su salud y el equilibrio ambiental del territorio”.

Ana Rosa Güizamano Canoles, representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja

Denuncian que muy a pesar de la magnitud de los hechos, no se ha brindado a la comunidad un informe claro, público, técnico y detallado que explique qué ocurrió, cuáles fueron las causas reales de la ruptura, cuáles fueron los impactos ambientales generados, qué medidas se adoptaron, ni cuáles son las acciones de reparación y compensación implementadas. Asimismo, la compensación ofrecida —si alguna— no ha sido real, suficiente ni visible, dejando a múltiples familias en estado de abandono institucional y sin respuestas efectivas por parte de la empresa operadora ni de las autoridades competentes, así mismo, no se conoce el plan de contingencia que permita la intervención inmediata por cualquier eventualidad que suceda en la tubería.