Luego de atender una queja de la lideresa Jacqueline Perea Blanco, soportada en una denuncia realizada por el Sindicato del EPA Cartagena, en donde se da cuentas que la señora Narcelly Gulfo Martínez, de quien se dice es la novia del Alcalde Mayor, William Dau, ha suscrito tres contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión y que solo llega a cobrar; la Contraloría Distrital encontró graves  inconsistencias en los informes de gestión para cobrar, en lo que podrían configurarse investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 20-09-2021. La investigación adelantada por Luzmila Pertuz Theran, Coordinadora de Control Fiscal Participativo de la Contraloría Distrital de Cartagena, se centró en investigar los dos contratos del año 2020 y el contrato del año 2021, analizando el objeto del contrato y el cumplimiento del mismo, por parte de la contratista en donde el ente de investigación fiscal, encontró que existen inconsistencias en los informes de gestión, que no coinciden con el objeto contratado y que no se anexan pruebas del trabajo realizado:

“En el informe de las actividades suministradas para el cobro de la PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA CUENTA, el objeto contractual, las actividades específicas y las actividades desarrolladas no se corresponden con las establecidas y suscritas en el Contrato Nº 87; las evidencias fotográficas suministradas no son claras ni suficientes; se observa además, que el informe de actividades hace referencia a un contrato de prestación de servicios profesionales, cuando el objeto establecido en el contrato describe un objeto contractual  de prestación de servicios de apoyo a la gestión, con unas actividades específicas a desarrollar totalmente diferentes a la establecida en su contrato”, fueros las primeras inconsistencias del primer contrato suscrito por $6.000.000.

“En cuanto al Segundo Contrato Nº 308 de 2020, que fue celebrado por un término de ejecución de dos meses, con fecha de inicio el día 30 de octubre del 2020, al momento de presentar la primera cuenta de cobro se aportó como evidencia relacionada un acta de visita con fecha 22 de octubre de 2020, lo que deja en evidencias que la señora NARCELLY GULFO MARTINEZ, estuvo realizando actividades en representación del Establecimiento Publico Ambiental, sin tener un contrato suscrito para la fecha. Además, se presenta la misma inconsistencia referente al objeto contractual relacionado en el informe de actividades, en cuanto a las actividades que se desarrollaron no se envían soportes de estas, informes de actividades que son certificados por la doctora NORMA BADRAN ARRIETA, quien actúa como supervisora de este”, segundas inconsistencias del segundo contrato suscrito por $4.000.000.

Para esta Coordinación, las inconsistencias presentadas en la ejecución de los aludidos contratos estatales pueden suponer la afectación al patrimonio del Establecimiento Público Ambiental, en razón a que presuntamente se genera un incumplimiento a las obligaciones contractuales, en tanto que, por un lado, las actividades que supuestamente desplegó la contratista no se acompañan de las obligaciones pactadas en los contratos, no habiendo coherencia de las unas con las otras. Igualmente, no existe claridad o certeza sobre  el desarrollo cabal de las actividades contratadas dada la inconsistencia en las evidencias de cumplimiento de dichas actividades.

En conclusión, se mantiene la observación y se eleva a Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria, Penal y Fiscal, con un valor estimado de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo) MCTE; correspondientes a los valores de los Contratos, el Contrato No. 87 del 13 de mayo 2020, por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE y el Contrato No. 308 del 30 de octubre de 2020, por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) MCTE.

La Contraloría dio a conocer que el contrato número 064 del 03 de febrero del 2021, por un valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($19.200.000,oo) por un término de duración de ocho (8) meses, con unos pagos parciales de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.400.000,oo) mensuales, sólo se analizaron las 4 primeras cuentas de cobro presentando similares inconsistencias.

Estos contratos le pueden generar implicaciones fiscales, disciplinarias y penales a los funcionarios: Badrán Arrieta, supervisora del Contrato, Janeth Arroyo, tesorera del EPA Cartagena, quien pagó sin la revisión de la documentación presentada y contra el mismo director de la entidad Javier Mouthon Bello.