El veedor ciudadano quien se atribuye la denuncia contra el exalcalde William Dau Chamat, que hoy tras el fallo de la Procuraduría General de lo Nación lo tiene destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante un período de nueve años, obedece a la contundencia jurídica que tienen las veedurías en la defensa de lo público.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 22-07-2024. “Felicito a la procuradora Margarita Cabello Blanco, por dar ese gran paso en contra de la corrupción que se vivió en Cartagena durante la pandemia, en el año 2020, durante la administración de William Dau Chamat, más exactamente con la compra de pruebas rápidas para detectar el Covid19, que eran necesarias y urgentes y fueron contratadas con una empresa de papel, que parece que no existía, ni tenía la experiencia para tal fin. Nunca llegaron esas pruebas rápidas para los cartageneros y perjudicaron a toda la ciudad”, así se pronunció el veedor ciudadano Wilman Sánchez, al conocer el fallo contra el exalcalde.

El veedor Sánchez destacó que después de conocer esa contratación presuntamente ilegal y fallida presentó la denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación el día 13 de abril de 2020.

Como es de conocimiento de la opinión pública, el fallo de primera instancia de la Procuraduría radica en la destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante un período de nueve años; pues, se encontró probado que Dau Chamat, en su calidad de alcalde, permitió la contratación con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., la cual no tenía la capacidad para suministrar las pruebas requeridas, generando el incumplimiento del contrato.

También, Álvaro José Fortich Rebollo, resultó sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período de tiempo. Fortich, en su rol de director del Dadis en 2020, también fue hallado responsable de las irregularidades en el proceso de contratación.

El veedor William Sánchez destacó: «Si hay alguien que debe sacar pecho son las veedurías que utilizan las herramientas jurídicas para hacer las denuncias. No son los activistas de las redes sociales». Así mismo, recalcó que las veedurías harán todo lo que esté a su alcance jurídicamente para que el fallo se ratifique en segunda instancia.