Denuncia penal contra Instrumentos Públicos, IGAC, y GOCATASTRAL, por presunta responsabilidad en el despojo de nativos en Barú

La hacienda Santa Ana ubicada en la isla de Barú, en el año 1887 fue adquirida por 94 colonos en común y proindiviso mediante escritura pública No.129 de 1887 de la Notaria Primera de Cartagena. De allí en adelante, familias adineradas y poderosas del país en complicidad con funcionarios público han atentado contra sus legítimos dueños  y herederos; hasta el punto que han desconocido sus derechos. Hoy se mantienen en la lucha en defensa de su territorio.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 14-11-2022. Una nueva denuncia penal emprenden los legítimos herederos de la hacienda Santa Ana en la isla de Barú contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, del IGAC, y GOCATASTRAL, quienes han beneficiado con sus actuaciones presuntamente a Gabriel Echavarría Obregón y todos los demás particulares y funcionarios que en el transcurso de la investigación se encuentren vinculados con los delitos y el despojo de las tierras de la familia Girado y demás herederos de la hacienda Santa Ana en la isla Barú.

Fueron 94 colonos afro-descendientes, que compraron la hacienda Santa Ana a la señora Virginia V. Revollo, la cual estaba compuesta por 3 caballerías, de aproximadamente más de 3.500 hectáreas; debidamente registrada mediante diligencia de registro No.161 de fecha13 de mayo de 1887, folio 2/3 del Libro 1 del Tomo 1 de 1887, del antiguo sistema, y en el sistema actual, a partir de 1993, con el folio de matrícula inmobiliaria 060-123581 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena.

La denuncia penal la encabeza Vicente Girado Julio, nativo de la isla de Barú, contra los funcionarios que aperturaron ilícitamente folios de matrícula y referencias catastrales en las tierras que pertenecen a la Hacienda Santa Ana, que siempre han sido y aun hoy son poseedores y propietarios común y proindiviso los herederos de los 94 colonos que adquirieron legalmente esos predios.

Esta hacienda fue sometida por el propietario colindante a un juicio de deslinde y a amojonamiento tramitado ante el Juzgado Primero del Circuito de Cartagena, cuya Sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena, Sentencia que fue protocolizada mediante Escritura Publica No. 355 de 29 de mayo de 1920, escritura legalmente registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Cartagena bajo el No.689 del 8 de junio de 1920; y que reiteradamente se ha negado, la Oficina de Registro de Instrumentos Publico a aperturar el nuevo folio de matrícula ordenado judicialmente, aduciendo que necesita las medidas y linderos que realice el IGAC y/o el GO Catastral y estos a su vez han dilatado las mediciones pertinentes, para que los herederos puedan registrar sus sucesiones.

Además, aducen que se perdieron los libros en la Oficina de Registro donde reposaban las medidas y linderos de la Hacienda Santa Ana, y aun así no han interpuesto las denuncias pertinentes (omisión de denuncia) para saber quiénes se robaron los libros.

Se solicita también que se abra nueva investigación y se judicialice a Gabriel Echavarría Obregón y otros particulares, la mayoría miembros de su familia, que se encuentren relacionados con estas investigaciones, como aquellos que adelantaron demandas de pertenencias de forma fraudulenta para apropiarse de los terrenos de los nativos en la Hacienda Santa Ana en la Isla de Barú y que posteriormente fueron trasfiriendo a empresas de su propiedad y de sus familiares, con la complicidad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y del IGAC.