Seis personas fueron judicializadas, entre ellas dos funcionarios que, al parecer, incurrieron en actos de corrupción para permitir el actuar ilegal de la organización.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 31-05-2022. En desarrollo de la estrategia para combatir la corrupción en distintos niveles de la administración pública, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales logró la judicialización de seis personas que pertenecerían a una red señalada de realizar importaciones y exportaciones de manera ilegal.

La investigación, realizada conjuntamente por el CTI, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), evidenció cómo las irregularidades en las operaciones comerciales, al parecer, se concretaron mediante pagos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y de la Policía Nacional.

Esta organización tendría injerencia en Bogotá y en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander. Los dos cabecillas, supuestamente, ejercían las actividades ilícitas en Cartagena y Barranquilla. El material de prueba da cuenta de que serían los encargados del relacionamiento con posibles clientes y entregar las dádivas a los servidores públicos por cada acta de inspección reportada sin novedad u obtener las autorizaciones correspondientes de levante o liberación de mercancía.

La Fiscalía imputó a Jeysson Enrique Pautt Bustos, Ismael Andrés Rodríguez Quintero, Marco Segundo Eguis Ruíz y Jorge Luis Bolaño Romero los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho por dar u ofrecer.

De otra parte, imputó al inspector de la DIAN – Seccional Barranquilla, Roberto José Collante Santiago, el delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho impropio. Mientras que, al integrante de la Policía Nacional John Jairo del Real Montalvo, quien se desempeñaba como inspector de control portuario y aduanero en Cartagena, le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, agravado por ser integrante de la fuerza pública; y cohecho impropio.

Por decisión de un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) los imputados fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de libertad en su lugar de residencia, al igual que con varias medidas concurrentes no privativas de la libertad.