El abogado y veedor David López Coadyuvó ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias que ha presentado la ministra de Salud, Ana María Vesga en contra del ex ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntos hechos de corrupción qué originaron peculado por apropiación y contratación sin el lleno de requisitos legales.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 12-09-2026. El director ejecutivo de la Corporación Transparencia Estatal – Veeduría Nacional, abogado David López Romero, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación graves hechos de presunta corrupción  al interior del Ministerio de Salud; que, de acuerdo con lo reseñado por diferentes medios de comunicación; así como por la actual ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, se pueda determinar si constituyen conductas punibles y se individualice a sus eventuales autores, determinadores, intervinientes o partícipes”.

En su escrito, López Romero, experto en Contratación Pública y reconocido veedor ciudadano solicitó que la Fiscalía reconstruya la cadena de decisiones administrativas, técnicas, presupuestales y contractuales, que dieron lugar a las denuncias de la actual ministra, y se establezca quiénes intervinieron y si sus actuaciones u omisiones revisten características de delito.

Lo que busca López Romero, como se infiere de su oficio al ente investigador, es que se evalúe “la procedencia de asociar, acumular o incorporar esta denuncia y los elementos aportados a la actuación ya existente, de conformidad con las reglas procesales aplicables, evitando investigaciones innecesariamente duplicadas”.

Es decir, que se le reconozca como coadyuvante de las denuncias de la ministra, teniendo en cuenta que, como consecuencia del control social que ha venido ejerciendo al sector de la Salud a nivel local y regional, tiene razones para asegurar que, por acción u omisión del Ministerio del ramo, así como de las Superintendencias de Salud y de la Economía Solidaria, pudieron haberse presentado unos hechos que ameritan una indagación para establecer posibles delitos contra la Administración Pública, entre ellos: “interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; cohecho; concusión; peculado, en cualquiera de las modalidades que resulte jurídicamente procedente; tráfico de influencias; falsedades documentales; asociación o concierto entre funcionarios y particulares, cuando jurídicamente corresponda; y cualquier otra conducta que resulte demostrada”.

El jurista cartagenero destacó que tanto la Procuraduría, como la Contraloría, han establecido que durante la intervención a la que el Gobierno anterior sometió a las más importantes EPS del país; “los problemas que estas arrastraban, lejos de solucionarse, lo que hicieron fue agravarse, resultando peor el remedio que la enfermedad”.

“Pero ello se dio”, dijo, “no como consecuencia de las dinámicas propias del sector, sino por decisiones erradas o presuntamente dolosas en las que habrían incurrido diversos actores, entre ellos -presuntamente – algunos agentes interventores, los respectivos superintendentes y el propio exministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, como se sabe, por varios de estos hechos viene siendo investigado”.

Según otras fuentes de la Corporación Transparencia Estatal, López espera ser llamado a declarar ante la Fiscalía, como coadyuvante de las denuncias de la ministra de Salud, instancia en la cual aportará una serie de eventuales pruebas sobre hechos conocidos a nivel de Cartagena y Bolívar.