En el año 2015, el entonces alcalde mayor de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, antes de entregar su administración, firmó un ‘Otrosí’, con la empresa Aguas de Cartagena, hasta el año 2033, una especie de extensión del contrato de operación del sistema de agua potable y alcantarillado en toda la ciudad y dentro de esa nueva contratación, se contemplaba la constricción de acueductos para los corregimientos insulares Tierrabomba, Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica, con planta desalinizadora, que convierte el agua salada del mar (o salobre) en agua apta para el consumo humano. Esto hoy se encuentra en el papel.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 22-02-2025. El Juez Décimo Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, Santiago José Vergara Villamizar, fijó la fecha del 24 de febrero de 2026, a las 9:30 a.m. para la   celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento en el marco de la Acción Popular presentada por el veedor ciudadano y candidato al Senado, Abelardo Meza Herazo, para la protección de los derechos e intereses colectivos de las comunidades insulares, ante el no cumplimiento del  Otrosí No. 3 del Contrato GISAA suscrito en 2015 entre el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

Este ‘Otrosí’, contempla el compromiso de la empresa Aguas de Cartagena destinar la suma de 42 mil millones de pesos para el acueducto de los corregimientos insulares Tierrabomba, Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica, con planta desalinizadora, que convierte el agua salada del mar (o salobre) en agua apta para el consumo humano. Pero estas obras, estas comunidades la siguen esperando.

El corregimiento de Bocachica, ganó una tutela en el año 2019, que obligó, al distrito a suministrarle el agua potable, a través de la Armada Nacional, que le transporta el preciado líquido. Pero Caño de Oro, Punta Arena y Tierrabomba, no gozan de este servicio.

La empresa Aguas de Cartagena en sus alegatos dentro de este proceso informó: Sobre el proyecto de Tierrabomba, aclara que entregó diseños completos en 2017 y una propuesta técnica en 2019, cuyo costo real asciende a $152.800 millones, lo que exige cofinanciación estatal, en línea con la Sentencia T-012 de 2019 de la Corte Constitucional. Además, invoca el principio de buena fe y confianza legítima, dado que auditorías previas de la Contraloría (2018 y 2023) validaron la legalidad del Otrosí, y plantea excepciones como cosa juzgada, inexistencia de vulneración de derechos colectivos y cumplimiento de órdenes judiciales, reiterando que las modificaciones en el listado de obras obedecen a criterios técnicos y financieros para garantizar eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Abelardo Meza Herazo, quien instauró la Acción Popular, dio a conocer que espera que durante la celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento para el 24 de febrero de 2026 a las 9:30 a.m. se llegue a un feliz acuerdo, se dé el compromiso de mejorar el servicio a estas comunidades. Pero que, a su vez, ha planteado la nulidad del acto administrativo que le dio vida ese ‘Otrosí’.

Reiteró que con este incumplimiento se continúa vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de Tierrabomba, Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica.

A esta audiencia de pacto de cumplimiento, estarán presentes los apoderados jurídicos de la empresa Aguas de Cartagena, Wilson De Jesús Toncel Gaviria, el Distrito de Cartagena, Néstor José Monterrosa López; así como representantes del Ministerio Público y demás partes involucradas.