Hospital Universitario del Caribe, con “Micos” en procesos licitatorios y favorecimiento a empresa

Ante la Fiscalía General de la Nación y demás entes de Control, la Veeduría Popular por Cartagena, que representa en abogado Héctor Pérez Fernández, presentó denuncias por favorecimiento en proceso de contratación, patrocinando la tercerización laboral y licitación dirigida a una empresa, afectando el pluralismo y transparencia.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 26-02-2021. Ante la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación-seccional Cartagena y la Agencia Presidencial contra la Corrupción, la Veeduría Popular por Cartagena, que preside el abogado Héctor Pérez Fernández, presentó denuncia contra el gerente interventor del Hospital Universitario del Caribe, Felipe Aguirre Arias, y demás funcionarios responsables en las irregularidades que presentan las convocatorias públicas,  001 y la 002 de 2021, cuyos procesos están presuntamente direccionados para empresas específicas, violando la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación pública.

Felipe Aguirre Arias, gerente interventor del HUC

Pérez Fernández pone en conocimiento de las autoridades que al interior del Hospital Universitario del Caribe, se sigue con la tercerización laboral y que a través de la convocatoria  001 de 2021, se favorece a la empresa Konecta Temporal Ltda, que ha tenido contratos en varias vigencias.

Afirmó que las observaciones tenían plazo de presentarse hasta el 11 de febrero y la respuesta se daría el 12. Pero el día 12 de febrero, se da una  prorroga hasta el 15 de febrero. El 15 de Febrero expiden una nueva adenda la número 2. Y extrañamente revive el plazo para presentar informaciones hasta el 16 de febrero. Un plazo que ya estaba terminado y precisamente el 16 de febrero, Konecta Temporal Ltda,  presenta sus observaciones, las cuales fueron acogidas en su totalidad avalando su participación en el proceso.

“Se nota a las claras un favorecimiento y un direccionamiento, al revivir unos términos que ya estaban vencidos. Además el HUC contratará con una empresa servicios temporales, lo que está  prohibido por el Decreto 4369 del 2006, y coarta la participación de Asociaciones Sindicales, que son los derechos de los trabajadores y al contratar empresas de servicios temporales ponen en riesgo los derechos laborales de los trabajadores y la misma prestación del servicio”, puntualizó.

El veedor ciudadano, denuncia que el gerente del HUC está exponiendo a la entidad a enormes demandas laborales que son aproximadamente 700 personas, que se pretenden vincular por esta modalidad. “Está prohibido contratar actividades misionales permanentes, con empresas de servicios temporales. Queremos que se respeten los principios a la libre asociación, a la libre participación, a la transparencia, y que no se vulneren los derechos fundamentales”.

El otro proceso 002 de 2021, se abrió para suministro de medicamentos y se denuncia que esta convocatoria fue elaborada con un “Mico”, para que sea solo una empresa la que se lo gane. Exigen que la experiencia del 2020 tenga que estar inscrita en el RUT. “Pero es que resulta, que la Ley estipula que el RUT, se puede reinscribir hasta los primeros 5 días hábiles del mes de abril de cada año; es cuando se hacen las modificaciones, es el plazo máximo, todavía no se ha vencido, lo que quiere decir que las empresas del 2020 todavía no han podido inscribirse en el RUT, porque hay plazo hasta el mes de abril. El HUC ha debido permitir la experiencia del 2020, presentando los contratos debidamente liquidados y que se haya prestado el servicio. No contratos que estén en ejecución”, precisó Pérez Fernández, que advierte la violación a la libre concurrencia y pluralidad de oferentes pretendiendo que para este contrato quede una sola empresa para el suministro de medicamentos.

Se pide que el HUC, redirecciones y revoque los dos procesos desde el acto de apertura del mismo y replantee bien todos los términos de referencia definitivos, de las inconsistencia que han puesto de conocimiento de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República.