Lomotil para el alcalde Dau. Solicitaron su separación del cargo

El Contralor distrital Rafael Castillo Fortich solicitó al presidente de la República Iván Duque, la suspensión inmediata del Alcalde Mayor de Cartagena, William Dau Chamat, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para el manejo del Covid19 que habría generado un presunto detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 28-05-2022. Hay tensión en la administración Distrital de Cartagena, luego que se conociera la Resolución 164 del 23 de mayo, firmada por el Contralor Distrital, Rafael Castillo Fortich, donde le solicita al presidente Iván Duque Márquez,  la suspensión inmediata del alcalde William Dau Chamat, ante la investigación fiscal que se adelanta al interior del Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis, por la presunta inconveniencia de un contrato suscrito por valor de $1.099.985.550, para la adquisición de pruebas antígenas y de RTPCR de laboratorio para la detención de Covid19.

Sustenta el Contralor Distrital Castillo Fortich, al presidente de la República, que es necesario apartar  del cargo a Dau Chamat para que la presencia del alcalde no afecte el curso de la investigación y los procesos fiscales que se adelantan.

El mismo 23 de mayo, se había conocido la Resolución 163, donde el contralor Distrital, exigió la separación del cargo de Johana Bueno Álvarez, como directora del Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis, por los mismos hechos.

El contralor hace saber que el Alcalde Mayor de Cartagena, fue quien firmó como ordenador del gasto el contrato SA-SUB-DADIS-UAC–008-2021, de subasta inversa para la adquisición de pruebas antígenas y de RTPCR de laboratorio para la detención de Covid19 con una inversión de $1.099.985.550.

En la solicitud que se hace al presidente Duque se indica que existen razones suficientes para considerar este despacho que usted (presidente) contemple la posibilidad de aplicar, para evitar que la persona antes indicada pueda eventualmente entorpecer la investigación fiscal que se adelanta o para evitar que continúe comprometiendo o poniendo en riesgo aún más los recursos del distrito.