• Hay llamados de intervención inmediata a la Procuraduría para frenar ese proceso de entrega del contrato del PAE en Bolívar, que se había fijado por $30 mil millones y se rebajó a $7 mil millones.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co.co. La Revista, Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, El Universal y El Diario del Magdalena, se han ocupado de este proceso licitatorio, que llegará a su final este lunes 13 de enero de 2020, con la firma del contrato del Plan de Alimentación Escolar, PAE, que según el veedor nacional Pablo Bustos, hay una «manguala» entre el gobernador saliente y el entrante para adjudicar el contrato del Programa de Alimentación Escolar, antes de que el Gobierno Nacional asuma su control. Y se denuncia que el gran beneficiado será el ex senador William Montes Medina, quien presuntamente maneja la Secretaría de Educación del departamento, desde la pasada administración.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/red-de-veedurias-pone-la-lupa-sobre-el-pae-para-bolivar-450888, https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/319873https://caracol.com.co/emisora/2020/01/11/cartagena/1578783238_524746.html, https://m.eluniversal.com.co/regional/bolivar/denuncian-manguala-en-bolivar-para-asignar-contrato-del-pae-AB2232406, https://www.elespectador.com/noticias/politica/las-graves-denuncias-de-la-veeduria-ciudadana-sobre-el-manejo-del-pae-en-bolivar-articulo-899391, son las direcciones electrónicas en donde se dan a conocer las presuntas anomalías del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en Bolívar y hoy los ojos, también tiene la mirada sobre el actual gobernador Vicente Blel Scaff, para saber si firma o no ese contrato, este lunes 13 de enero de 2020.

Las notas de prensa destacan que durante los últimos años, uno de los programas que más reparos y problemas ha tenido por parte de gobernaciones y alcaldías en todo el país ha sido el PAE. Se trata de una estrategia que llega a cerca de cinco millones de niños, reparte seis millones de raciones diarias y mueve $1,6 billones al año.

Anteriormente era manejado por el ICBF y el Ministerio de Educación, pero hace cuatro años, el Gobierno decidió entregarles el programa a los mandatarios locales y regionales, con el propósito de descentralizarlo y adaptarlo a las necesidades y realidades de cada zona, lo que ha dado para entramados de corrupción, hasta el punto de que hoy son varios los funcionarios en la cárcel, destituidos o con procesos en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Según el veedor Bustos hay una precaria transparencia en ese proceso de contratación. “La convocatoria la hacen el pasado 23 de diciembre, a las carreras, y la cierran el pasado 30 de diciembre, aprovechando todas las coyunturas de las fiestas de Navidad. Pero lo más grave, es que dejan solo siete días para calificar: el 2 de enero hay que dar respuesta, o sea que el actual gobernador no tiene tiempo para mirar al detalle las respuestas y es ahí donde juega nuevamente la secretaria, Patricia Guerra, quien es la que adelanta el proceso y ya lo tiene negociado. Lo más preocupante es que la adjudicación se va a hacer el próximo lunes 13 de enero y eso es lo que no puede pasar. Lo que se está haciendo aquí es un negociazo”.

Por ello, se pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, para que solicite inmediatamente la suspensión del proceso.