No es un juego. Es protesta. ¿Quién responde por el desagüe pluvial?

¿Quién debe pagar los daños de las inundaciones? Vemos imágenes de calles de Cartagena en donde se desplaza una moto acuática, otra calle en una tabla y remo navegando y un hueco en la mitad de una calle principal en el barrio Las Gaviotas convertido en piscina. Son protestas públicas. No diversión.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 05-07-2021. ¿Quién responde por el desagüe pluvial? No nos estamos refiriendo a los caños y canales que tampoco se le ha hecho trabajos de canalización y limpieza. Nos referimos a los desagües de aguas pluviales, que con cualquier lluvia que cae convierten las calles  y plazas del centro histórico o de cualquier sector de Cartagena en campo de diversión acuática o en el peor de los males en un verdadero peligro para la vida.

Las consecuencias de los cambios climáticos, los torrenciales aguaceros, diagnosticados anticipadamente, dan el tiempo suficiente para   evitar desastres, daños a la movilidad, vehículos, comercios entre otras actividades.

No podemos echarle la culpa a la naturaleza en sus estragos, que bien en el caso de las lluvias son previsibles. Pero como no se hace nada, estamos en una ciudad invivible. En muchos hogares, comunidades enteras y centros comerciales son los afectados

El gobierno local de William Dau no está actuando; hay un efecto retardado y si actúan lo hacen  después que ocurre la tragedia  y los organismos de control, ni se dan por enterados

Existe la Unidad de Prevención de Desastres, con sus réplicas en todo el país, Cartagena no es la excepción, entidades que en verdad son entes burocráticos, cuyos efectos en la prevención, son casi nulos, actúan después del daño. En ese orden, frente a los daños que causan las inundaciones, deben responder el alcalde, sus secretarios, según sus funciones y por supuesto, también la Procuraduría, la Personería y la Defensoría Regional del Pueblo; toda vez, que estos últimos a sabiendas que las cosas van a pasar, se hacen los sordos, ciegos y mudos. Ellos deben pagar administrativa y disciplinariamente, por sus omisiones.