Carolina Calderón Guillot, directora de la Fundación Cívica por Cartagena, Funcicar,  quería un golpe a la corrupción en la terminación de Hospitales y Puestos de salud de Cartagena. Pero siguen en manos de los mismos que ha criticado el alcalde Dau.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co “En medio de esta emergencia sanitaria es vital darle continuidad a las obras inconclusas del sector salud, nos hubiera gustado ver un desenlace donde se le diera un golpe a la corrupción; pero se le dio oxígeno al contratista inhabilitado, al permitirle ceder el contrato que la ciudad ha debido ver finalizado en el 2015. Estaremos vigilantes de esta ejecución, no podemos seguir dándonos el lujo de tener obras inconclusas y de mala calidad”, Carolina Calderón Guillot, Directora Funcicar.
Con estas afirmaciones; es el sector privado, que representa la industria y el comercio de la ciudad que hacen parte de Funcicar, los que cuestionan que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, se auto proclama líder anticorrupción, habla de acabar con la corrupción y sigue alimentando los contratos de la corrupción.

Como es de conocimiento de la opinión pública, el pasado 16 de junio, la Alcaldía de Cartagena anunció que las obras en cinco (5) instituciones de salud contratadas con recursos del crédito público por $250 mil millones, que celebró la administración del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo (2014), se iban a terminar.

Estas obras priorizadas son: UPA de Daniel Lemaitre, el cual hace parte del grupo de 25 obras contratadas con el Consorcio Salud Heroica mediante el proceso Dadis No. 001-2014, y cuatro (CAP Bayunca, CAP Barú, Hospital Pozón y Hospital Canapote). Otro  grupo de 14 obras contratadas a través del proceso Dadis No. 002-2014 celebrado con la empresa COINSES S.A., la cual fue inhabilitada por incumplimiento en otro contrato público.

Ante esta decisión del Distrito, Funcicar resalta la importancia de retomar la ejecución de las obras sin terminar desde 2015, sin embargo manifiesta su preocupación al considerar que pese a que la Alcaldía tenía la opción de liquidar este contrato y abrir un nuevo proceso, permitió a COINSES S.A. escoger al Consorcio Salud Caribe 2020, para que continuara con la ejecución de las obras.

Aunque la cesión del contrato es una figura legalmente permitida, genera incertidumbre que la finalización de las obras priorizadas esté en manos de empresas seleccionadas por el mismo contratista que no pudo terminarlas en los plazos inicialmente pactados.

A raíz de los anteriores hechos, obtenidos mediante derecho de petición y/o análisis de informes de interventoría, Funcicar considera:

• A la fecha, COINSES S.A. no ha entregado ninguna de las 14 obras que les fueron asignadas por el valor inicial de $64.061.606.984 para un plazo inicial de ejecución de 12 meses. Por lo que representa un riesgo entregar esta ejecución a empresas seleccionadas por el mismo contratista que incumplió los plazos inicialmente estipulados para el 2015.

• Con la decisión de cesión de contrato se diluye la responsabilidad de funcionarios públicos y/o contratistas que por culpa o dolo no culminaron las obras en los tiempos planificados de manera inicial.

• El CONSORCIO SALUD CARIBE 2020 aceptó mantener el contrato con los precios contratados en 2014. A pesar de la diferencia de 6 años, no se evidencia desequilibrio económico del contrato, lo que sugiere que presuntamente pudieron presentarse sobrecostos en las obras.

• De las 5 obras en instituciones médicas anunciadas por el Distrito, cuatro (4) requieren incorporación de recursos, cuya autorización debe darse por ley ante el Concejo Distrital. Actualmente la administración no ha presentado ese proyecto a la corporación y este trámite podría generar nuevamente que las obras no se entreguen en el plazo de 5 meses anunciado por la administración.
• Como supervisor del contrato, el actual Secretario de Infraestructura está obligado a analizar y recibir los avances de obras que reporte COINSES S.A., por lo tanto será responsable de aceptar las condiciones de la ejecución que han tenido las instituciones de salud desde el inicio de las obras.

Desde 2014, Funcicar ha señalado que los contratos para instituciones de salud celebrados con recursos del crédito público por $250 MM, tiene una planeación deficiente que pone en riesgo la terminación de las obras. Los contratistas una vez que conocieron estas deficiencias pudieron buscar una liquidación de mutuo acuerdo, pero decidieron insistir en la ejecución por medio de modificatorios y adicionales que han extendido la ejecución por 5 años y de 39 centros médicos solo se han terminado 8.