Las 12 familias afectadas piden a las autoridades llegar al fondo de esta tragedia; toda vez que aseguran que días antes recibieron amenazas y haber observaron cuando unos de los detenidos arrojaron un trapo blanco empapado de gasolina encendido a la palma que conforma el techo de la cabaña. Piden pronunciamientos de las autoridades, pues denuncian sentirse perseguidos ante el desplazamiento forzado en que los quieren llevar.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 08-10-2020. Su petición toma fuerza desde el día en que la comunidad empezó a visibilizar la solicitud de reapertura de Playa Blanca y las protestas realizadas en la playa, Mamonal y el bloqueo que hicieron al puente que une Pasacaballos con Barú. Desde entonces vienen recibiendo amenazas con voces que le dicen: “Quédense quietos que no respondemos”.

Y lo más curioso que el incendio provocado empezó en la cabaña del representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, José David Miranda López, quien prácticamente quedó en la calle, únicamente con la ropa que tenía puesta y sus demás familiares que tenían sus cabañas al lado también resultaron afectados por el fuego.

Por eso, las víctimas: José David Miranda López, Rigoberto Villero Hernández, Alcides Villero, Zuani Morales Arévalo, Leonor Bello, Brayan Pray, Maximiliano Romero, Francisco Miranda, Juan Francisco Miranda López, Modesto Giraldo y todos los nativos de Playa Blanca Barú exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones, sobre todo con las 4 personas capturadas como los presuntos pirómanos que abrieron fuego sobre las cabañas.

Los nativos se preguntan: ¿Cómo ingresaron esas personas si a la entrada de Playa Blanca hay un puesto de control de la Policía y no permiten el ingreso de visitantes?

¿Por qué ingresaron con gasolina a la playa y porqué llegaron a la cabaña del representante legal del Consejo Comunitaria de Playa Blanca, quien venía recibiendo amenazas?

Se denuncia que después de la captura de los cuatro implicados, que dentro de ellos, se encuentra una mujer, los detenidos ofrecieron una gruesa suma de dinero a los policiales para que los dejaran en libertad; Por ello, solicitan a las autoridades competentes que con la detención de estas personas, se descubra quienes son los autores intelectuales de este crimen contra un pueblo afro.

Como es de conocimiento de la opinión pública la policía confirmó la captura de cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntos autores del incendio que destruyó 12 quiscos turísticos y 4 lanchas en el sector de Playa Tranquila en Playa Blanca, isla de Barú, dejando pérdidas materiales millonarias.

El coronel Haroldo Melo comandante de policía del Distrito Industrial y de la Bahía, dijo que cuando llegaron al lugar, tuvieron que sacar a los turistas antioqueños de esa zona, ya que estaban a punto de ser lincharlos. También el vehículo en que se movilizaban fue atacado por varios nativos, al conocer que ellos habían ocasionado el incendio.

Historia del litigio de estas tierras

Después de muchos años de litigios que aún continúan sobre la propiedad de estas tierras, el hecho significativo fue el fallo que en el año 2015 emitió la Corte Constitucional que reconoció los derechos de las comunidades afro sobre este paradisíaco lugar que es Playa blanca Barú; zona donde las familias Santo Domingo y los Echavarría, en asocio con el Gobierno Nacional planean desarrollar un megaproyecto turístico.

El alto tribunal le pidió al Ministerio del Interior que iniciara un proceso de consulta previa con la comunidad afro del Consejo Comunitario de la Vereda de Playa Blanca, con el fin de que ellos aprueben la realización de ese complejo hotelero. La Corte Constitucional aseguró en ese momento, que la construcción del proyecto turístico podría modificar las actividades diarias de la comunidad.

La sentencia de la Corte Constitucional, fue apelada por intermedio de un recurso de nulidad por parte del Gobierno Nacional y la sociedad del megaproyecto argumentando que el fallo confunde los derechos de las comunidades étnicas con los de las asociaciones civiles. Y que también muchos de los reclamantes de estas tierras no son nativos e incluso están extranjeros.

La puja está presente y todo parece indicar que con la pandemia generada por la enfermedad del Covid19 y la emergencia económica, social y ambiental que se vive, es no dejar reactivar la actividad turística que desarrollan los nativos para darle paso al macro proyectos, donde los nativos de seguro pasaran de propietarios naturales a simples empleados.