Ya la queja disciplinaria se encuentra radicada en la Procuraduría General de la Nación contra el rector de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Umayor, Juan Alberto Arraut Camargo, por la presunta violación del principio de publicidad y transparencia contractual.

El objetivo, es que se investigue disciplinariamente la conducta del denunciado por la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes funcionales; en lo relativo a la obligación de garantizar la publicidad integral del contrato estatal derivado de un proceso de licitación pública, conducta que vulnera de manera directa los principios que rigen la función administrativa, el régimen de contratación estatal y el derecho fundamental de acceso a la información pública.

Cartagena-Colombia-Noticias6725.co 24-03-2026. La Veeduría Jurídica Nacional, en cabeza de Kevin Oliver Keep, informó a la opinión pública que ha sido radicada denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el rector de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Juan Alberto Arraut Camargo, por presunta violación al principio de transparencia y publicidad en contratación estatal.

La denuncia del veedor Oliver Keep se origina por la no publicación del contrato estatal derivado de la Pública LP-UMAYOR-01-2025, cuyo objeto consistió en la ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, intervención y reforzamiento de ambientes de aprendizaje, incluyendo dotación tecnológica y sistemas complementarios, con una cuantía aproximada de mil quinientos catorce millones de pesos ($1.514.377.297), financiados con recursos públicos, específicamente del Sistema General de Regalías, tal como se evidencia en el registro oficial del proceso en el SECOP.

“Este hecho podría constituir falta disciplinaria grave o gravísima, al vulnerar normas como el Decreto 1082 de 2015 y la Ley de Transparencia. Hacemos un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y entes de control a vigilar este caso” destacó Kevin Oliver Keep, representante de la Veeduría Jurídica Nacional, quien solicitó al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco investigar los siguientes puntos:

1. Iniciar investigación disciplinaria formal contra el servidor público denunciado, con el fin de establecer su responsabilidad en la omisión de la publicación del contrato estatal.
2. Verificar la existencia del contrato suscrito y las razones por las cuales no ha sido publicado en el SECOP.
3. Determinar si dicha omisión ha afectado la transparencia del proceso y el control sobre los recursos públicos.
4. Adoptar las medidas disciplinarias correspondientes en caso de comprobarse la responsabilidad.
5. Ordenar a la entidad la publicación inmediata del contrato y demás documentos asociados a su ejecución.

La Veeduría Jurídica Nacional advirtió que la falta de publicación del contrato genera una ruptura en la trazabilidad del proceso contractual, impide el ejercicio efectivo del control ciudadano y limita de manera grave el acceso a información pública, configurando un escenario de opacidad administrativa incompatible con el Estado Social de Derecho y no se garantizan los principios de transparencia, publicidad, moralidad y eficacia.