El General William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, informó que, frente a esta coyuntura, presentó al país la segunda fase el “Plan Democracia 2026” orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia).

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 30-05-2026. Con miras a garantizar la seguridad democrática en todo el territorio nacional antes, durante y después de las elecciones presidenciales, el director de la Policía Nacional de Colombia, General William Rincón Zambrano, envió un mensaje a la opinión pública de las acciones que adoptó la institución para responder por la tranquilidad de las elecciones para elegir presidente y vicepresidente este domingo 31 de mayo de 2026.

El siguiente es el mensaje del director nacional de la Policía de Colombia:

Hoy me dirijo a ustedes como director de la Policía Nacional y como servidor de la institucionalidad, consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento decisivo para el país. La coyuntura electoral presidencial representa una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y reafirmar la voluntad de los colombianos, quienes podrán participar de manera libre, informada y con todas las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026.

Durante los últimos días, cada municipio, vereda y ciudad ha experimentado una etapa determinante para el país. Los espacios cotidianos se han convertido en escenarios de participación ciudadana y construcción democrática, donde millones de colombianos han expresado sus ideas y expectativas sobre el futuro de la nación. En ese contexto, la Policía Nacional de Colombia ha actuado con absoluta neutralidad, garantizando el orden, las libertades fundamentales y las condiciones necesarias para que la jornada electoral se desarrolle en paz y tranquilidad.

Nuestro deber no ha consistido en favorecer campañas, candidatos o corrientes ideológicas, sino en garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, tranquilidad y plenas garantías, en un entorno seguro, libre de presiones, de violencia o de cualquier tipo de interferencia.

Esa es la esencia del servicio policial en el sistema democrático. Frente a esta coyuntura, hoy presentamos al país la segunda fase el “Plan Democracia 2026” orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia).

Nuestra estrategia se ha estructurado en cinco líneas de acción: protección de candidatos, lucha contra los delitos electorales, inteligencia anticipativa, fortalecimiento y capacitación del personal, y la activación del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE), encargado de articular acciones de prevención, judicialización y respuesta inmediata frente a conductas que afecten la libre expresión del sufragio.

que en contextos electorales álgidos pueden surgir rumores, desinformación y episodios de alteración del orden público. Frente a estas posibilidades, nuestra respuesta será siempre la misma: presencia institucional, actuación proporcional y protección de los derechos fundamentales.

No habrá espacio para acciones de intimidación, constreñimiento al elector, injerencias ilegales sobre la voluntad popular ni actuaciones contrarias al marco legal por parte de la autoridad. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos ciudadanos mediante un trabajo articulado con otras entidades del Estado.

Para ello, se ha dispuesto el despliegue de 120.000 policías en todo el territorio nacional: 56.867 estarán asignados a los puestos de votación, 33.045 a los entornos inmediatos y 30.088 a zonas de atención priorizada, asegurando una cobertura integral durante toda la jornada electoral.

De manera puntual, y con el propósito de enfrentar los delitos cibernéticos asociados al proceso electoral, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación hemos articulado capacidades a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral, orientado a proteger la infraestructura digital, así como a investigar y judicializar conductas de fraude electoral.

Además, tenemos la responsabilidad de custodiar el 57% de los puestos de votación del país (7.692 de 13.489), garantizar la seguridad en el 90% de las mesas de votación (106.598 mesas) y proteger a cerca de 37 millones de colombianos, equivalentes al 92% del censo electoral. Para esta misión, el despliegue operacional contará con el direccionamiento estratégico de 16 brigadieres generales y tres coroneles del Curso Estratégico de Seguridad (CESEP) en territorios críticos.

Este dispositivo contará con el apoyo de 94 aeronaves para fortalecer la capacidad de reacción inmediata ante situaciones asociadas a la acción de grupos criminales; priorizando 32 municipios en territorios críticos, en los que concentraremos capacidades operacionales para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

A partir de estas responsabilidades, a cada uniformado le digo: su arma más poderosa en estos días no es el bastón Tonfa, es la templanza y la integridad. Es la capacidad de actuar con firmeza cuando sea necesario, pero también con prudencia cuando la situación lo exija. Es el respeto irrestricto a la Constitución y a la Ley, incluso en medio de la tensión, incluso cuando las emociones del país estén elevadas.

A la ciudadanía, por su parte, le hago un llamado directo: este es el momento de evitar polarizaciones que deriven en afectaciones a la vida y a la infraestructura del país. Las diferencias políticas no deben incentivar la violencia. La democracia no se defiende con odio sino con participación, con respeto por el otro y confianza hacia las instituciones. A través de la Línea Anticorrupción 157 los invitamos a seguir utilizando este canal de denuncia para facilitar la actuación oportuna de las autoridades.

La democracia exige que quienes aspiran a dirigir el país puedan hacerlo en condiciones reales de protección y confianza. Por esta razón también hemos acompañado las solicitudes de seguridad de 11 candidatos presidenciales y 11 fórmulas vicepresidenciales, a través de 22 esquemas de protección mixtos con la Unidad Nacional de Protección, con un equipo de 164 policías que están cuidando cada desplazamiento y actividades inherentes al proceso democrático.

Para complementar todas estas estrategias, el monitoreo en tiempo real del proceso electoral tendrá un enfoque diferencial, al reconocer la diversidad sociocultural del país; ajustando el despliegue operacional a las condiciones de cada territorio, en zonas rurales, comunidades étnicas y regiones prioritarias. De hecho, nuestra Dirección de Tránsito y Transporte implementó dispositivos especiales para asegurar el transporte, custodia y movilidad del material electoral en los corredores viales del país; y la Dirección de Educación Policial ha capacitado a más de 30 mil funcionarios en delitos electorales. Cada una de estas capacidades converge en un mismo propósito: impedir que cualquier actor social o ilegal interfiera en la voluntad soberana de los colombianos.

Hoy Colombia no define su futuro electoral sola: vota acompañada por sus instituciones, por integrantes de la Fuerza Pública que están en cada rincón del país, y por una ciudadanía que, a pesar de sus diferencias, sigue creyendo en la fuerza del voto como una de las mayores expresiones de la libertad de opinión, en un gran esfuerzo colectivo de confianza.

Nuestro objetivo es claro: que el día de elecciones sea el más seguro del calendario nacional y que cada colombiano pueda votar con la certeza de que su decisión será respetada y protegida. Por ende, convocamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier conducta que pretenda afectar la legalidad del proceso, porque la defensa de la democracia no recae solo en las instituciones, sino en el compromiso colectivo de toda la Nación.