Luego que el alcalde William Dau Chamat acatara la exigencia de la Contraloría Distrital de separar de su cargo a la directora del Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis, Johana Bueno Álvarez y nombrara a la subdirectora de la entidad Carmen Llamas Marín, la veeduria ciudadana FUNCICARIBE, sugiere a la funcionaria encargada que se declaró impedida; ya que también firmó e hizo parte de la estructuración del proceso por el que fue separada Johana Bueno.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 28-05-2022. «La doctora Carmen Llamas Marín, es la persona que firmó los estudios previos del proceso de contratación de subasta inversa SA-SUB-DADIS-UAC–008-2021, junto con la directora Johana Bueno Álvarez. En remplazo de Johana, se debe nombrar a una persona que no tenga ninguna relación con la investigación que adelanta la Contraloría Distrital», dio a conocer el veedor ciudadano Abelardo Meza Herazo.

La lógica de esta sugerencia tiene que ver con la exigencia que hizo la Contraloría de separar a Johana Bueno Álvarez para que no interfiera la investigación fiscal que se adelanta al interior del Dadis.

Meza Herazo director de FUNCICARIBE, recuerda que en fecha de 26 de octubre de 2021 hizo observación preventiva a una comunicación emitida por el Dadis, donde se informaba que en Cartagena se iban aplicar un millón de vacunas contra el Covid19 y que sin embargo, contraria esa comunicación con el proceso de subasta inversa que se estaba llevando a cabo en el Dadis para la adquisición de pruebas antígenas y de RTPCR de laboratorio para la detención de Covid19 con una inversión de $1.099.985.550.

Para la veeduria FUNCICARIBE, nunca quedó en claro las bondades de esa contratación y por ello, dio a conocer que era inapropiada; toda vez, que el Ministerio de Salud  había emitido la Resolución 1463 del 25 de agosto de 2020, donde queda en claro que son las EPS, OAC e IPS, son las encargadas de garantizar las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnósticos para SARS con V2 (Covid19).

También se hizo claridad desde el 26 de octubre del año pasado, que el programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRASS, para el seguimiento de casos y contactos de Covid19, debe ser aplicado por el ente territorial sólo en conglomerados; ya que en los demás casos, los responsables son las EPS, OAC, IPS.

Por ello,  el veedor ciudadano Abelardo Meza Herazo a su tiempo destacó la inconveniencia de invertir $1.099.985.550, en pruebas antígenas y de RTPCR, ya que los responsables eran otros y que era mejor invertir esos recursos en la prevención del dengue.