Denuncian a Policías, que, sin la presencia de un Inspector de Policía, ni Personería, ni Defensoría del Pueblo, ni ICBF y acompañados de encapuchados destruyeron los ranchos de campesinos, legítimos dueños, que los quieren sacar de sus predios con la complacencia de los Inspectores de Policías y funcionarios de la secretaria del Interior. Los despojadores utilizan poderes con autenticaciones falsas de notaria de una supuesta propietaria oriunda de Armenia (Quindío), que nadie conoce, ni nunca ha venido a visitar sus presuntas tierras. Los uniformados han sido denuncia por abuso de autoridad y daño en bien ajeno

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 03-09-2024. Este caso en donde no se ve la presencia de ninguna autoridad y ‘pareciera que todos tuvieran la vista y los oídos tapados’, para que ilegalmente  despojen de sus tierras a campesinos, propietarios ancestrales, ocurre en el corregimiento de Bayunca, zona norte de Cartagena, donde pareciera que uniformados de la Policía Nacional, acompañados de encapuchados tienen licencia para despojar, destruir cultivos y ranchos, tirar gases lacrimógenos, hacer tiros al aire y hasta maltratar a los nativos.

Estos hechos la viven muchas familias campesinas ubicadas en la zona, en la vía que del Manzanillo del Mar conduce a Pontezuela como son: la familia Gómez Leal, Uparela Blanquicet, Cárdenas Salcedo, Tatis Berrio, De Voz Suárez, Castellano Barboza y Correa Chima, entro otras, que vienen sufriendo de los abusos de los Inspectores de Policía de Pontezuela y Bayunca, que se hacen acompañar con uniformados de Bayunca y del municipio de Santa Rosa.

Los despojadores de todos estos predios son los mismos: Sonia Gómez Álzate, de Armenia (Quindío), supuesta propietaria de 200 hectáreas de tierra, que nadie la conoce y que nunca ha venido a conocer sus supuestas propiedades. También están involucrados, el exalcalde local dos, Gregorio Rico, “presuntamente uno de los autores intelectuales de los despojos, su esposa Chestien Pitalua, quienes pidieron refugio en Canadá, conscientes de la gravedad de las infracciones penales perpetuadas y los atropellos cometidos contra las familias campesinas”, como consta en una denuncia que reposa en la Fiscalía Seccional 15.

Además, participan en este engranaje de apodérese las tierras ajenas, abogados que argumentan poderes de la supuesta propietaria Sonia Gómez Álzate, con poderes falsos, como lo certificaron las notarías Segunda y Séptima de Cartagena. Los abogados involucrados en estos atropellos que están dentro de una denuncia ante la Fiscalía son: Edson Jair Ahumada, José Pacheco Díaz, Oscar Discar Lizarazo Castillo y la triangulación que hacen de esos predios pasándolas a firmas Fiduciarias y Fideicomiso matriculadas en Bogotá.

Uno de estas víctimas es la familia del señor Miguel Gómez Leal, de profesión u oficio Agricultor, propietaria de la finca MOZAMBIQUE, de 41 hectáreas que heredó de su abuela Luisa Gómez Pineda y de su padre Miguel Gómez Gómez, y él, ya tiene 45 años cultivando esa tierra, predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-9370, ubicado en jurisdicción de los corregimientos de Bayunca, con escritura pública No. 2377 del 03 de septiembre de 1997 de la Notaria Cuarta de Cartagena y matrícula inmobiliaria No. 060-9370 de donde se desprendió la 060-274089, la cual en estos momentos tiene una medida cautelar desde el 27 de junio del 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena.

Pese a todo ello, permanentemente viene siendo perturbado en su posesión por abogados y policías que van en representación de la supuesta dueña, Sonia Gómez Álzate, que llegan y actúan a su nombre.

Recientemente un grupo de encapuchados acompañados por un grupo de Policías, donde identificaron claramente al Sargento Cogollo de Bayunca y le tumbaron la Casa.

Ingresaron sin la orden de una autoridad superior y sin el acompañamiento de las demás autoridades competentes. “Siempre han hostigado con hombres encapuchados y con documentos falsos comprobados, de una señora Sonia Gómez Álzate del Quindío, que nadie conoce ni nunca ha sido poseedora ni propietaria”, denuncian y solicitan protección y que se le den garantías para permanecer en sus tierras.