Defensor de los Derechos Humanos y líder social de procesos de restitución de tierras y protección del medio ambiente en los  departamentos de Sucre y Bolívar recibe amenazas de muerte. Colegio Profesional de Abogados de Colombia pide su protección.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co El mensaje de texto que llegó al celular del abogado y defensor de los Derechos Humanos Adil Meléndez Márquez, lo hicieron los integrantes del autodenominado Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice- capítulo Sucre, en represalias por las denuncias presentadas frente a presuntos hechos de corrupción en la inversión de recursos para contener la pandemia del Coronavirus en los municipios de San Onofre, Coveñas, Sincelejo, Morroa, Corozal, la Villa de San Benito y la Gobernación del departamento de Sucre.

 “Por atreverme a denunciar al alcalde suspendido por el Tribunal Administrativo de Sucre, Teódulo José Cantillo Martínez, quien impunemente ha desacatado la orden de suspensión, al usurpar funciones públicas, directamente a través de su red social Facebook y apoyándose en personas que le siguen, iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra, desinformando a la opinión pública, con acusaciones falsas, deshonrosas, mal intencionadas, a fin de deslegitimar mis denuncias”, precisa el abogado Meléndez.

Ante ello, el jurista Alcides Arrieta Meza, quien representa al Colegio Profesional de Abogados de Colombia, rechaza esta amenaza y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen estos hechos y se garantice su seguridad y su derecho a la vida.

En la denuncia se exige: 1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de estas amenazas.

2. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.
3. A la Unidad Nacional de Protección, que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas y la no repetición de los hechos relatados.