Detrimento en convenio del IPCC y Plaza Mayor de Medellín en las Fiestas Novembrinas-2022

Plaza Mayor tampoco cumplió con el contrato.
Después de 6 meses no se cumple con pagos.
Hallazgos de Contraloría confirman denuncias.
«Teatro» a particular, otro escándalo en el IPCC.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 28-05-2024. Por Álvaro Anaya Díaz. En la administración de William Dau hasta en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, pasó de todo: desde la compra de un local comercial para un particular hasta la contratación de la operación de las fiestas novembrinas, que aún –después de 6 meses– no se ha cancelado en su totalidad. Resultado: seis hallazgos de la Contraloría Distrital por los incumplimientos del convenio «a dedo» con el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín.

La decisión del director del IPCC, Óscar Uriza Pérez, fue cuestionada desde septiembre de 2022 cuando denunciamos como periodista la propuesta de entregar a «paisas» la organización de las tradicionales festividades para la celebración del 11 de Noviembre. Desde diferentes sectores hubo reacciones y hasta se anticipó el fracaso del evento –como en efecto ocurrió– sin que el Distrito entendiera el salto al vacío que daba al contratar una empresa especializada en festivales de moda. Por el contrario, Uriza Pérez encontró el respaldo de su Junta Directiva para cumplir con una orden superior desde el Palacio de la Aduana. De allí su permanencia en el cargo.

La Contraloría Distrital de Cartagena comprobó en la auditoría especial –solicitada por el concejal Javier Julio Bejarano– que tanto el IPCC como la empresa Plaza Mayor incumplieron con el convenio interadministrativo firmado el 3 de octubre del año pasado. El operador de las fiestas subcontrató con la empresa Eventos Totales Producciones SAS como aliado estratégico en Cartagena y el Distrito aún no ha cumplido con el segundo desembolso –$1.760 millones– del valor total. Lo grave: las cuentas de Plaza Mayor no tienen los soportes de algunos eventos programados en las fiestas novembrinas. Y si Uriza Pérez autoriza los pagos haría efectivo el detrimento patrimonial por el total del convenio, $2.680 millones 732 mil 144, después de autorizar tres Otrosíes que sumaron $665 millones. El contrato inicial alcanzó la suma de $2.014.982.144.

De acuerdo a la auditoría fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena, el IPCC no asumió la responsabilidad que le correspondía al delegar en la empresa Plaza Mayor el manejo de sus recursos para la organización de las festividades novembrinas y sin cumplir con la supervisión de los eventos. Estos son los 6 hallazgos:

1.- Falta de planeación (modalidad del contrato).

2.- Falta de supervisión del IPCC a Plaza Mayor.

3.- Falta de supervisión de Plaza Mayor a su aliado estratégico, Jader Montoya Paredes.

4.- Debilidades en los estudios previos (valor estimado del contrato).

5.- Subcontratación con particulares el 100% de las obligaciones contraídas.

6.- Ni traslado mensual de los rendimientos financieros.

Los hallazgos presentan incidencia disciplinaria.

«Teatro» a particular, el otro escándalo

Como director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Óscar Uriza Pérez también deberá responder a los organismos de control por otro hecho cuestionado ampliamente en las redes sociales, aunque en sus explicaciones advierte que su actuación se cumplió en el marco de la Ley. El 4 de agosto de 2022, a través de la Resolución No. 86, se conoció la propuesta ganadora de la convocatoria del IPCC para la asignación de recursos de la Contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas de Cartagena por valor de $334.790.100 como estímulo económico para la compra de un inmueble para funciones artísticas.

El Comité de Contribución parafiscal de espectáculos públicos «decidió por voto favorable de todos los miembros presentes» seleccionar al único proponente de la convocatoria, la Corporación Artística Gente de Teatro que presentó la propuesta Salón recital. El teatro funcionará en un local del Centro Comercial La Plazuela, de acuerdo a la información del IPCC. Es un ejemplo de como la Alcaldía de Cartagena invierte recursos públicos de forma ineficiente y en beneficio de un particular, aunque Uriza Pérez justifique que el escenario cumplirá funciones públicas y privadas. El último proyecto del IPCC con recursos del programa de estímulos es el Centro Cultural El Socorro, entregado a la comunidad en el año 2019.

Uriza Pérez designó para el estudio de las propuestas de la convocatoria y selección del ganador a los abogados contratistas Julián Trujillo, Antonio Miranda y Liry Múnera (asesores externos) y Margot Castro, profesional universitario adscrito a la División de Promoción Cultural del IPCC. De acuerdo a su cargo en la planta de la entidad, no son funciones de Margot Castro hacer parte de este Comité. Ahora, ¿los asesores externos de Uriza Pérez son los profesionales idóneos para cumplir con la misión asignada? También llama la atención que la resolución de selección del ganador del estímulo del IPCC fue proyectada por la asesora Liry Múnera y tiene el visto bueno de Antonio Miranda como asesor externo del director.