Veeduría recusa a concejales y pide investigar presunto “torcido” en moción de censura contra Secretaria del Interior

El documento ya fue radicado en la Secretaria General del Concejo de Cartagena por parte del veedor ciudadano Jorge Quintana, a quien le preocupa la circulación por redes sociales de un listado de concejales que presuntamente ya están arreglados para votar negativamente la moción de censura contra Ana María González, secretaria del Interior del gobierno de William Dau. También solicitó intervención de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 18-04-2023. El veedor ciudadano Jorque Quinta recusó a un grupo de concejales para que se declaren impedidos en el momento de la votación de moción de censura que se sigue contra la secretaria del Interior Ana María González ante presunto “Torcido”, para votar negativamente la moción y no salga la funcionaria de su cargo.

Los concejales que el veedor Quinta recusa son: Kattya Mendoza Sáleme, Luis Cassiani Valiente, Rafael Meza Pérez, Laureano Curi, Carolina Lozano, Lúder Ariza Sanmartín, Liliana Suarez, David Caballero y Wilson Toncel.

El veedor además de la solicitud de recusación ha dado traslado a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, por cuanto considera que si eso se llega  a probar podrían estructurarse los delitos de concierto para delinquir y cohecho, entre otros.

Además ha solicitado a los entes de control que se llame a los concejales no recusados como: Sergio Mendoza, Javier Julio Bejarano, Carlos Barrios, Cesar Pion González, Rodrigo Reyes, Oscar Marín y Gloria Estrada, para que declaren si tienen conocimiento de una supuesta intención de la administración Dau Chamat de manipular la votación de la moción de censura contra Ana María González.

Que podría pasar si prospera la recusación

Las consecuencias de esta solicitud, es que los recusados no podrán votar la moción de censura y solo podrían participar los que no están recusados; es decir, que sería un quórum menor.

Jorge Quintana asegura que no hace juicio de valores y que se atiene a lo que se pruebe en el proceso de recusación, que depende de las declaraciones de los mismos concejales y de las evidencias que entreguen los mismos concejales.