A través del ICBF se entregaron en plena pandemia raciones de alimentos a 15 mil muertos

En Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co 30-11-2020. La investigación fue adelantada por la Contraloría General de la Nación, en lo que ha denominado uno de los actos de corrupción más crueles que se han cometido en medio de la pandemia generada por la enfermedad del Coronavirus.  
Se detectó que los operadores contratados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, hicieron entrega de 48 entregas de raciones a 21 menores de edad que, según la base de datos de la Registraduría, están muertos. En varios departamentos, tutores de menores que recibieron raciones, tienen múltiples beneficiarios. Esto llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.  Las alertas que identificó la Contraloría muestran entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.

Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registradas en el programa.

Durante el trabajo investigativo se identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos.

Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000), la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones de pesos aproximadamente. Los valores de cada ración aumentan según el tipo de Centro Zonal desde donde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.

Se hicieron entregas de 28.018 raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

Igualmente, la Contraloría pudo confirmar que tres de estas entregas se realizaron al mismo número de menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos.  También se identificó que en el departamento de Chocó se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a la que se hizo dicho suministro.

En el Departamento de Nariño, se confirmó que hubo 8 entregas de raciones alimentarias a 2 menores edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a las mismas.

Así mismo, en varios departamentos del país, tutores de los menores que recibieron las raciones, tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.

Por ejemplo, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.  En Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.  Asimismo, se logró identificar  que un adulto aseguró ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura (Valle del Cauca) y recibió las raciones de alimentos.

 La contraloría generó  25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.