El acto administrativo  que declaró la urgencia manifiesta, presenta falta de técnica en su elaboración, se omiten los hechos que dan origen a su declaratoria y se dan contratos sin tener en cuenta las directrices del Gobierno Nacional, afirmó la contraloría Distrital.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co El Control Fiscal más importante en toda la controversia que existe en torno a la declaratoria de Urgencia Manifiesta y la contratación desarrollada para la contención del Coronavirus en Cartagena, lo dió la Contraloría Distrital, que puso  al desnudo errores y  deficiencias jurídicas  de la  urgencia declarada, que afectarían  la legalidad de los contratos  firmados por la administración  Dau Chamat.

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, con base al Artículo 43, de la Ley 80 de 1.993, en  ejercicio del control fiscal  se abstuvo  de avalar  la urgencia  declarada, al tiempo que cuestionó varios de las contrataciones   realizadas  por la administración Distrital.

La negativa de la contraloría Distrital de avalar la resolución que declaró la urgencia manifiesta del alcalde Distrital, podría representar varias investigaciones a él, y a los funcionarios que intervinieron en la producción de la decisión  y en la celebración de los contratos  celebrados, por cuanto los cuestionamientos podrían ser investigados, penal, disciplinaria  y fiscalmente, a titulo de prevaricato por acción, peculado por apropiación, falta gravísima detrimento fiscal, que podrían generar  graves sanciones.

Los  contratos que serían investigados, según la contraloría : El contrato por $339.167.500 que firmó la alcaldía a través de la Secretaria de Participación Ciudadana para brindar atención integral a las personas habitantes de calle del distrito de Cartagena, a través de un hogar de paso, en el marco del proyecto de inversión denominado “apoyo social de la población habitante de calle”, cuando pertenece a un programa de inversión de la Secretaria de Participación Ciudadana, el cual realiza todos los años, más sin embargo lo incluyeron dentro de la urgencia manifiesta.

El contrato de Prensa y Comunicaciones por $95.722.541, que se suscribió con 4 medios de comunicación de la ciudad, desconociendo la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministro de Salud y Protección Social, que ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  y  el convenio  con la firma española para la entrada en funcionamiento de la APP Ciudadano, por $150.000.000, cuando esta herramienta tecnológica de inteligencia artificial, la tiene el Gobierno Nacional para el servicio gratuito de todos los entes territoriales.

Las investigaciones que ya cursan contra varios funcionarios de la administración Dau Chamat, y estos cuestionamientos, podrían ser el principio del fín, de la era Dau, Debut y despedida.