• Desde las comunidades de Cartagena se están presentando denuncias de la manipulación de las ayudas humanitarias para favorecer planchas que aspiran a las JAC.

Cartagena-Colombia-Noticias625.co Ya el procurador Fernando Carrillo Flórez, se pronunció sobre algunas denuncias que ha recibido de aprovechamiento político en la  repartición de las ayudas humanitarias a las familias más necesitadas.

“Se están utilizando los recursos de los más vulnerables para hacer política. Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los estén utilizando para convertirlos en boletín de la corrupción”, asegura el Procurador Carrillo Flórez.

En Cartagena en donde se han presentado dificultades y retrasos con la llegada de las ayudas humanitarias, son muchos los líderes en diferentes sectores que denuncian tráfico de influencia con la llegada de los mercados a las casas e incluso; que se están utilizando líderes que buscan ser elegidos como dignatarios de las Juntas de Acciones Comunales para que sean ellos los encargados de llevar las ayudas.

El Procurador Fernando Carrillo Flórez también envió un mensaje a los señores diputados y concejales de las diversas regiones del país: “No tienen nada que hacer en la entrega de las ayudas”.

Como ya es amplio conocimiento de la opinión pública, el jefe del Ministerio Público, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en marcha el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017 contratos que fueron firmados desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos.

Las investigaciones que se abrieron se adelantan en: Departamento de Meta, se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones. En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.